La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la información relacionada con la compra de las vacunas contra covid-19 debe permanecer reservada durante cinco años, ya que incluye información sensible.
Se resolvieron 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional respecto de la clasificación de información contenida en los contratos y comprobantes de pago de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2
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— Suprema Corte (@SCJN) May 16, 2022
“La divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemia en el país, por este motivo, esta información debe ser clasificada como reservada por un periodo de cinco años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial)”, informó la Suprema Corte en un comunicado.
Respecto a los comprobantes de pago, también se resolvió reservarlos por el mismo periodo, por la misma razón.
La determinación del máximo tribunal del país fue tomada luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tomó la decisión de que la información relacionada con los contratos y órdenes de pago de las vacunas, sólo fuera reservada por dos años.
Con ocho votos a favor los ministros determinaron mantener bajo reserva los contratos y órdenes de pago para adquirir las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Cansino, Sputnik, y Sinovac.
Durante la discusión del proyecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentó que la difusión de la información pone en riesgo la entrega de las vacunas.
Contrario a lo determinado por el instituto, en el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales, sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país. No obstante, ello no implica que los aspectos no referidos a estas condiciones esenciales deban seguir la misma suerte, esto es que no puedan generarse versiones públicas del contenido restante de los contratos
En tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que no es un tema de seguridad nacional, por lo que votó en contra del proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Estimo que no estamos en un caso de seguridad nacional como para considerar que esta información pueda reservarse, ya no sólo en dos años o en cinco, sino que efectivamente se estuviera en un caso de seguridad nacional, ni siquiera pensar en un periodo específico de reserva, sino en todo lo que fuera necesario para preservarla. Más allá de esto, coincido con lo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información ponderó respecto a los aspectos propios de la información ordenando que se diera a conocer, de modo que se testaran aquellas cuestiones que pudieran ser delicadas
El ministro Javier Laynez Potisek justificó la reserva al mencionar que la compra de las vacunas solo fue hecha por algunos países, lo que conlleva una competencia internacional, así como de seguridad nacional.
¿GOBIERNOS FIRMARON CHEQUES EN BLANCO?
Una nota del diario The New York Times de febrero de 2021 advertía que los contratos que han hecho los gobiernos con las farmacéuticas “llaman la atención por la excesiva falta de transparencia, lo mucho que han invertido y arriesgado los Estados contra la poca información y garantías que tienen las empresas que producen la ansiada vacuna contra la covid-19”.
El precio de cada dosis, un calendario de entrega y el dinero que han recibido por producir vacunas, son secretos de las farmacéuticas muy bien guardados bajo pesadas cláusulas en los contratos.
“Este oscuro proceso favorece que las empresas no rindan cuentas y, a últimas fechas, también han retrasado la producción de vacunas y, por ende, la entrega de los preparados, como en el caso de Pfizer y AstraZeneca”, indicó.
Las compañías, según demuestran los contratos revelados de vacunas, obtuvieron prácticamente un cheque en blanco: plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal.
De acuerdo a datos y documentos obtenidos por The New York Times, estos son algunos de los secretos que se han conocido de los acuerdos entre gobierno y farmacéuticas en la búsqueda de la vacuna contra la covid-19.
EMPRESAS, SIN RIESGOS PARA PRODUCIR VACUNAS
El diario de EU destacó que el desarrollo de vacunas es una acción arriesgada y por ello las farmacéuticas no suelen invertir en su fabricación hasta que están seguras de estas son eficaces y que tendrán la aprobación de los gobiernos, lo cual hace que los plazos se extiendan cuando se trata de este tipo de curas.
Ante la pandemia de coronavirus y la crisis económica generada en todo el mundo, gobiernos europeos y de Estados Unidos, así como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés), entre otras organizaciones sin fines de lucro, tuvieron que asumir los riesgos en la inversión y acelerar el proceso de generar vacunas contra el virus.
La Unión Americana hizo el compromiso de entregar cerca de 1,600 millones de dólares sólo para impulsar la vacuna de la empresa Novavax, con sede en Maryland, de acuerdo a documentos normativos
La organización CEPI invirtió otros 400 millones de dólares en subvenciones y préstamos sin intereses para la generación de vacunas contra la covid.
Moderna, empresa de Massachusetts, usó tecnología desarrollada por el gobierno para hacer la base de su vacuna, más una inversión de mil millones de dólares. Ahora ha recibido un pago de mil 500 millones de dólares por parte de EU para recibir dosis, a pesar de que esta firma reconoció que su preparado fue pagado totalmente por el gobierno estadounidense.
Cabe señalar que la inversión de los Estados fue para que las compañías arrancaran la fabricación y pudieran realizar pruebas clínicas.
FARMACÉUTICAS SE QUEDARÁN CON LAS PATENTES
Para las farmacéuticas, la covid-19 apunta a ser el negocio perfecto, pues los gobiernos pagan por el desarrollo, pero las empresas se quedarán con las patentes.
Esto le da libertad a las firmas de decidir cómo y dónde fabricar la vacuna, así como el costo de las dosis. El contrato de CureVac precisa que la empresa “tendrá derecho a explotar de manera exclusiva” los derechos de propiedad.
Las quejas han venido por parte de una coalición de países que lideran países como la India y Sudáfrica, que quieren que la patente quede libre para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. El planteamiento ha sido apoyado por la Organización Mundial de la Salud, pero la empresas dicen que las patentes y las ganancias que obtendrán son el sustento de la innovación.
LAS EMPRESAS DECIDEN LOS TIEMPOS DE ENTREGA
Los contratos de firmas como CureVac y AstraZeneca tienen cláusulas para no sujetarse a plazos forzosos de entregas de vacunas y se refieren a estos como estimaciones.
Así se ha hecho claro en la disputa actual de la Unión Europea y AstraZeneca, pues la empresa dice que no podrá entregar la cantidad pactada en el primer trimestre de 2021, ya que sólo se comprometió a hacer su mejor esfuerzo por cumplir con ese número, sin embargo, los países europeos exigen que se revele el contrato de compra-venta para saber quién tiene la razón.
EMPRESAS, PROTEGIDAS CONTRA RESPONSABILIDAD SI VACUNAS FALLAN
Los países también están atados de manos en contra de las empresas, incluso si las vacunas fallan en su propósito de inmunizar a la población contra la covid-19 o si producen efectos secundarios, este es el caso de Estados Unidos.
El gobierno amparó a las farmacéuticas con la Ley de Preparación Pública ante Emergencias, la cual se creó en 2005 con el objetivo de acelerar el acceso a medicamentos en época de emergencia sanitaria.
Esta protección impedirá que los ciudadanos puedan demandar a las compañías, aunque incurran en negligencias o imprudencias, la única denuncia que procedería es en casos de “abuso intencional” comprobado.
Así como en EU, las empresas buscan acceso en otros países y regiones a esta clase de beneficios.
