El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a un segundo proceso por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna lo procesó ahora por los delitos de tortura en perjuicio de una víctima y desaparición forzada.
La FGR también le había imputado el delito de coalición de servidores públicos; sin embargo, el juez dictó auto de no vinculación a proceso, ya que argumentó que se subsume en el de desaparición forzada de personas.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur dio un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, es decir hasta el próximo 23 de octubre de 2023.
La medida cautelar impuesta por el impartidor de Justicia fue prisión preventiva oficiosa, la cual seguirá cumpliendo en el Reclusorio Norte, dedicado de la primera causa penal en contra de Murillo Karam.
Nuevas acusaciones
El pasado 17 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó nuevos cargos en contra del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por los presuntos delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos, relacionados al caso Ayotzinapa.
Se dio a conocer que la FGR imputó este lunes a Murillo Karam por la supuesta tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, a quien se identificó como presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La defensa de Murillo Karam pidió al juez del caso la duplicidad del término constitucional, lo que hará que se defina la situación jurídica del priista hasta el próximo viernes.
Esta imputación se deriva del video difundido en redes sociales el 13 de julio de 2020 en el que se interroga a “El Cepillo”, pero e personaje se ve sin camisa y con la cabeza tapada.
La acusación de la FGR señala que este presunto acto de tortura se registró en las instalaciones de la extinta PGR, cuando estas instalaciones dependían de Murillo Karam como procurador en turno.
El exprocurador ya está sujeto a prisión preventiva justificada por otro caso relacionado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Antecedentes
En 2017, el diario El Universal publicó que el gobierno federal tenía temor de que la investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa fuera impugnada en tribunales internacionales, ante las anomalías encontradas por el visitador César Chávez, que dejó un informe no reconocido oficialmente antes de renunciar.
En aquel momento, se señalaron torturas a testigos y presuntos implicados, entre otras irregularidades en la investigación de la PGR.
Por otra parte, dieron a conocer en 2016 que Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, fue informado de que había pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, incluso, supo que a uno le aplicaron “el teléfono”, que implica el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.
Osorio Chong convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal, ya que temía que quedaran en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ante el incumplimiento del debido proceso.
El informe de la Visitaduría General de la PGR señalaba que la investigación de la PGR, encabezada por Tomás Zerón, quien en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia en Israel, estaba plagada de presuntas ilegalidades.