Morelos.- Se quebranta el estado de derecho en las obras de ampliación de la autopista Cuautla-La Pera, denunciaron los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán al denunciar que hace unas semanas, seis empresas pagadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “están en nuestro territorio devastando el Área Nacional Protegida (ANP) del Parque Nacional El Tepozteco (PNET)”.
Lamentaron que el amparo federal 1466/13 no haya causado efecto alguno, ya que existe un recurso de reclamación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aun no resuelve y el gobierno federal está cometiendo el delito de desacato ante un amparo federal pero como todos sabemos, en México los poderosos pueden infringir la ley impunemente.
Los integrantes del Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán que maquinaria pesada están de regreso al considerar que desde la más alta cúpula del poder se han manipulado las leyes, los procesos legales y seguramente hasta la conciencia de algunos juzgadores.
“Nosotros nos inconformamos y tuvo que ser el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito el que decidiera sobre la validez de la sentencia, y ese Tribunal Colegiado está conformado por tres magistrados y la sentencia en nuestra contra se dio en una votación 1 a 2, en la cual, el Magistrado Presidente defendió nuestra posición y consideró que la sentencia no nos garantizó el derecho a la salud ni a un medio ambiente sano (Artículo 4° Constitucional) y que tampoco se garantizó nuestro derecho al debido proceso en el juicio de amparo ya que no se nos reconoció el interés legítimo para reclamarle al gobierno el daño ecológico que está causando. Así de fácil, los otros dos magistrados decidieron que nosotras y nosotros, los habitantes del PNET no tenemos el interés legítimo de reclamarle al gobierno sus atropellos y destrucciones.
Denunciaron que se están cometiendo atropellos por el Congreso local que está al servicio de la peor escoria política conocida: un tal Graco Ramírez que recientemente aprobó una reforma para eliminar la obligación que tenía el Ejecutivo Estatal de pedir autorización a la sociedad para realizar cambios en las reservas territoriales, y esto significa que las leyes “se están modificando para que Graco Ramírez tenga más poder y pueda vender las reservas territoriales de nuestro estado al mejor postor”.