Cuernavaca, Morelos.- No tiene ningún sustento la acusación del gobernador Graco Ramírez en contra del Obispo Ramón Castro Castro, quien lo único que busca es la paz, la seguridad y armonía no solo para los feligreses sino para toda la población. Además de que en ningún momento ha violentado el artículo 130 de la Constitución como pretende hacer creer la autoridad”, aseveró Sara Olivia Parra Téllez, ex alcaldesa de Cuernavaca y actualmente presidenta de la Asociación Superando Límites.
Por ello, aseveró su apoyo y respaldo ante los actos de censura a la libertad de expresión y persecución contra el jefe de la iglesia católica por parte de la administración de la nueva visión, que ha criticado su actuar y participación con diversos representaciones de la sociedad civil porque buscan la paz y el bienestar para Morelos.
Dijo que desde la asociación que dirige, pero que como parte de la sociedad civil, no ven con buenos ojos el actuar del gobierno estatal que se ha empeñado en atacar a todo aquél que critique su desempeño, y se refirió a los ataques contra el Obispo de Cuernavaca que atiende al igual, a miles de feligreses que también expresan sus puntos de vista.
Consideró que en el caso del prelado, se le está coartando la libertad de expresión sin rebasar límites, pues solo manifiesta la realidad de un pueblo que lo único que pide es justicia y paz social.
“Y no tiene ningún sustento la acusación del gobernante en turno en contra del Obispo Castro Castro que lo único que busca es la paz, seguridad y armonía no solo para los feligreses, sino para toda la población”, dijo Sara Olivia Parra Téllez.
Es por ello que participó al igual que otras asociaciones representantes de la sociedad civil para expresar su respaldo al Obispo, y consideró que no hay violación alguna al artículo 130 de la Constitución General de la República pues “no estamos en tiempo electoral ni promoción alguna”, dijo la abogada Parra Téllez quien acusó excesos por parte del gobierno estatal.
“Y vemos no una división de poderes, sino suprapoderes que dependientes del Legislativo y Judicial, están a las órdenes de la máxima autoridad -Graco Ramírez- que ha trastocado principios constitucionales, afectación y vulnerabilidad a los derechos humanos, y es triste sobre todo el actuar de los legisladores que obedecen a intereses propios, económicos y olvidando su real representación.