CUERNAVACA, MORELOS 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (WDC).- En medio de una crisis financiera y señalamientos por actos de corrupción por parte de litigantes y trabajadores sindicalizados y de confianza, magistrados del Poder Judicial de Morelos aprobaron beneficios económicos única y exclusivamente para ellos con lo que se convierten en la clase dorada de los servidores públicos.
A través de un acuerdo que se aprobó 24 horas después del sismo que sacudió al país y particularmente a Morelos, tomaron estas decisiones sin importar los excesivos salarios de 90 mil 7 106 mil pesos mensuales que perciben los magistrados y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, para continuar con más beneficios para los juzgadores en la entidad.
Por ello, mediante “Los lineamientos de las remuneraciones y percepciones del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura”, se garantizan tres meses de aguinaldo a finales de este año 2017, a pesar de que en Morelos el Congreso aprobó desde la pasada legislatura el impedimento –y se hizo Ley- para todos los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para los representantes del Imipe, Impepac, alcaldes, síndicos y regidores, entre otros.
Además de la gratificación anual extraordinaria para allegarse un pago por riesgo por el cargo que desempeñen, aunado al 25 por ciento del monto anual del beneficio, además de apoyo al transporte y haber por retiro así como ayuda para gastos extraordinarios.
Dicha determinación ha causado molestia entre los profesionistas del derecho quienes condenan estas acciones considerados como autoritarias, por la grave crisis económica que padece el Poder Judicial y la solicitud al Congreso del Estado para alcanzar la autonomía financiera que con estas acciones, pone en tela de duda con las autorizaciones contrarias a los salarios que percibe el grueso de la nómica de sindicalizados y confianza.
Por si no fuera poco, también los magistrados cuya presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López, gozan de un seguro de vida estipulada en un millón 45 mil pesos por muerte natural y 2 millones 90 mil por muerte accidental.