Si las leyes de la Ciudad de México son apegadas a derecho, se debe investigar a fondo y sancionar a todos los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como el Poder Judicial local por fabricar pruebas en contra de Alejandra Cuevas y su mamá Laura Morán, dos mujeres que ayer obtuvieron amparos lisos y llanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para anular los mandamientos de las autoridades capitalinas en su contra, así lo consideraron especialistas consultados por La Silla Rota.
Ambas mujeres fueron acusadas por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), del homicidio de su hermano Federico, de entonces 85 años y a quien, según el fiscal, estaban obligadas a cuidar.
Por votación unánime (de 11 votos), los ministros concedieron la protección de la justicia a Alejandra para su liberación inmediata –ayer salió de prisión del penal femenil de Santa Martha– y para anular una orden de captura contra Laura, su madre, una mujer de más de 90 años de edad.
Los ministros de la Suprema Corte determinaron que ninguna mujer en el país tiene la obligación por ley de cuidar a una persona enferma, sin importar el parentesco familiar o moral que se tenga con ella, pues consideraron esa idea como un estereotipo de género.
Los especialistas consultados por La Silla Rota comentaron que ambas mujeres, particularmente Alejandra Cuevas –hija de Laura, pero de un matrimonio anterior– tiene el derecho de demandar por concepto de reparación del daño a las autoridades capitalinas, luego de permanecer 528 días en prisión.
Lo que emitió ayer la Fiscalía de la Ciudad de la Ciudad de México (un comunicado a través de Twitter) es un discurso acartonado y burocrático que es ajeno a la realidad, porque de actuar conforme a derecho, no tendría que intervenir la Suprema Corte de Justicia, quien determinó que todo fue una atrocidad legal contra ambas personas
“Por lo tanto, lo que emitió la Fiscalía de la Ciudad de México es falso y corresponde a un estilo oficial de desdeñar las violaciones a los derechos que ellos mismos cometen”, así lo consideró Gabriel Regino, abogado penalista y especialista en derechos humanos.
“Existe una responsabilidad de orden social y jurídico. En primer lugar, porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, su obligación ineludible, es investigar los delitos que tiene conocimiento. También tiene que tipificar de manera adecuada las conductas de las personas que sean mencionadas como presuntos responsables”, comentó Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal de Abogados de México.
“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está facultada para una investigación e integración detallada de los expedientes. Un primer error es el juez que consignó la averiguación de la Ciudad de México que llevó a una orden de detención en contra de Alejandra y un auto de término constitucional contra Laura. En el mandamiento del juez fue ordenado pese a las pésimas investigaciones, en las que ni siquiera existe concordancia de los hechos ordenó ambos mandamientos”, explicó Daniel Vergara, integrante del Colegio Nacional de Abogados.
“Es inadmisible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que conceder un amparo a partir de que la Fiscalía capitalina no tuvo el cuidado de poner sus conocimientos al servicio de la justicia, porque consignó a un inocente o solicitó una sanción para personas inocentes, eso es la peor aberración que puede cometer la autoridad”, añadió Alberto Woolrich.
“En la Fiscalía capitalina no son externos a la ineficacia, pero lo que causa asombro, es la corrupción que se ha manejado, desde años anteriores, donde el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión, la cual parece que el juez se adhiere a los argumentos de la Fiscalía, cuando el rector jurídico es el Poder Judicial de la Ciudad de México que, en este caso, es el que ordenó la detención y mantuvo en la cárcel sin que se comprobara el delito”, refirió Daniel Vergara.
“Hay responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México. Tenemos el precedente del caso de la Línea 12 de Metro, donde la Fiscalía imputa a las personas que iniciaron la parte administrativa de la obra, ese mismo criterio se debe aplicar en este caso, porque de lo contrario se confirma que actúan por motivaciones políticas”, consideró Gabriel Regino.
Todos aquellos funcionarios que intervinieron de una manera directa o indirecta, porque obviamente actuaron sin apego a la ley. Su actuación fue indirectamente de las personas que ordenaron este hecho. Los nombres de los funcionarios responsables tienen que ser públicos, si es que las autoridades se apegan al derecho
“El caso llegó a la fiscal de la Ciudad de México, es algo obvio, era un asunto relevante, por lo que este caso al estar relacionado con el titular de la Fiscalía General de la República estuvo en su escritorio. Si no llegó a sus manos el caso, quiere decir que no sabe nada de lo que pasa en la procuración de justicia de la Ciudad de México”, dijo Alberto Woolrich.
Woolrich agregó que “mientras la fiscalía cuando afirma eso, miente cuando hace tipo de comunicaciones y más, cuando abogados independientes conocemos que diariamente acontecen situaciones ajenas al derecho. En este caso la justicia debe salir a relucir, es lo menos que se espera”.
En el caso de Alejandra y su mamá, Laura, impactó mucho la mediatización del caso. Lo que pasa en la Fiscalía de la Ciudad de México es una constante fabricación de casos. Se puede esperar una reparación del daño, pero solo uno de los ministros se pronunció por el caso de la reparación, esperamos que en este caso se repare el daño y se someta a juicio a todas las autoridades que participaron en el caso. Esto deja un daño al fiscal General de la República en el tráfico de influencias que hay. En México no hay casualidades, sino causalidades
“Ellas pueden demandar una reparación patrimonial del Estado, una reparación justa e integral por todo el tiempo en que estuvo privada de la libertad, y más, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ellas pueden denunciar las injusticias en su contra. En este caso, lo que llevó al fallo que conocemos, es la llamada de Alejandro Gertz Manero con su fiscal”.
“La Fiscalía capitalina se lava las manos con la justificación que ayer emitió. Ellos están obligados a llevar una investigación en lealtad y bajo principios constitucionales. Ellos deben apegarse a ellos y no por el impedimento de una persona para llevar a dos personas inocentes”, concluyó Daniel Vergara.