Por: El independiente
Los diputados de la LIII Legislatura Local, en relación con sus antecesores, rompieron y por mucho, un record en cuanto al rechazo social por los señalamientos de repartirse el dinero del Congreso del Estado, y sin importarles que hayan despedido a cientos de empleados y otros, amenazados con disminuirles hasta en un 20 por ciento su salario. Por si fuera poco, los legisladores de todas las bancadas, con excepción del Humanista, votaron en cascada todas y cada una de las iniciativas propuestas por el PRD y el gobierno de nueva visión.
Además, los legisladores que fueron exhibidos de corruptos, transas, traidores y vende patrias durante meses por todo el territorio estatal, luego de que los transportistas inconformes con el proyecto del Morebus, decidieron colocar las imágenes de los “representantes populares” en la parte posterior de las unidades del transporte colectivo con itinerario fijo. La campaña pegó tanto, que luego de la molestia e irritación de los legisladores, inició la Secretaria de Movilidad y Transportes de Jorge Messeguer Guillén, con la sanción y amenaza de quitarles la concesión a quienes no hicieran caso de retirar la publicidad de las rutas. Al final, logró Messeguer su cometido, aunque el daño ya estaba hecho.
Los diputados de la actual legislatura, han iniciado campañas de ataque y desprestigio a través de declaraciones y auditorias especiales que han iniciado contra los que son “enemigos políticos” de Graco Ramírez, y como ejemplo están los 13 municipios que se rebelaron para que no se constituyera el fideicomiso para atender los problemas de laudos con los alcaldes pero a costa del 2 por ciento del presupuesto económico que les quitaron para ese proyecto. Además de que estos 13 ediles, también decidieron votar en contra de la destitución del alcalde Cuauhtémoc Blanco y ellos mismos, repudiaron ampliar a 20 años el periodo de los magistrados que perciben 100 mil pesos mensuales por su labor. En este mismo tenor, se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la cual se le inició también una auditoría como represalia porque el rector Alejandro Vera Jiménez, puso en un predicamento al gobernador Graco Ramírez, al exhibir los diversos delitos cometidos en las fosas clandestinas de Tetelcingo en Cuautla y recientemente en Jojutla.
El Congreso se ha convertido en un suprapoder que audita, vigila y persigue a todas las instituciones a través de la Entidad de Auditoría Superior de Fiscalización a cargo del ex perredista Vicente Loredo Méndez, pero en casos de corrupción, saqueo y malversación en la que han incurrido los propios diputados, entre ellos los directamente señalados: el priista Francisco Moreno Merino y Beatriz Vicera Alatriste, y no pasa absolutamente nada. Son varios cientos de millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia y no hay ninguna persona señalada por lo que al final, la impunidad reinará al interior del poder Legislativo.
Aunado a ello, los actuales integrantes de la LIII Legislatura local, podrán con sus reformas hechas a modo, reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos -12 años-, y por esa razón han sido señalados algunos diputados como traidores por su actuar sin tomar en cuenta a sus partidos políticos, como son los casos de Carlos Alaniz Romero, del PAN; Francisco Moreno Merino, del PRI y Ulises Vargas Estrada, Nueva Alianza. Los dos primeros, con peticiones de expulsión de sus respectivos institutos y con un paso ya de acercarse al Partido de la Revolución Democrática. A pesar de que han sido señalados de beneficiarse económicamente para votar todas las reformas del PRD.
Lo cierto, es que hoy los diputados del Congreso, viven la peor crisis de credibilidad en la historia del Congreso de Morelos, por no decir en qué se gastaron el dinero etiquetado para el pago de salarios del personal y diversos proveedores; por las reformas en las que se benefician directamente porque tampoco tendrán que solicitar licencia para hacer campaña a diferencia de los alcaldes que tendrán que separarse seis meses antes de la elección.