CUERNAVACA, MORELOS 9 DE MAYO DE 2017 (WDC).- Para el juez especializado en justicia para adolescentes, José Luis Olmos resultaría grave que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaren como inconstitucional la prisión preventiva a los menores de edad que cometen un delito, ya que por una parte se convertirán en los principales operadores del crimen organizado, y por otra se deja en completo estado de indefensión a las víctimas.
El juez dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad contra esta medida contemplada en la Ley Integral de Justicia para Adolescentes bajo un desconocimiento de cómo funciona el sistema de justicia oral en estados donde lleva nueve años operando como Morelos, donde los jueces imponen la prisión preventiva para evitar que el menor evada la acción de la justicia, para que se esclarezca del hecho delictivo en el que presuntamente participó y el más importante por protección de la víctima.
“Esto quiere decir, que si dejamos en libertad al adolescente, éste podría atentar contra la víctima u el ofendido, siendo esta una de las finalidades del sistema para los adolescentes.
Tenemos menores que son reincidentes en delitos como robo, narcomenudeo, homicidio calificado, violación, asociación delictuosa, extorsión y secuestro, de ahí deriva la necesidad de proteger también a la sociedad.
Me parece que los ministros se están concentrando solo en la gravedad de la conducta ilícita y en este sistema no procede la prisión preventiva oficiosa, este es un requisito analizar los tres factores de riesgo antes mencionados”.
Por otra parte, la SCNJ puede mandar un mensaje equivocado, ya que los menores pueden creer que pueden hacer lo que quieran, sin tener como consecuencia una detención que derivará en el incremento de la participación de los adolescentes en la delincuencia organizada.
Por ello considero importante que los tribunales especializados de justicia para adolescentes del país analicen los alcances de dicha ley que entró en vigor en junio del 2016 para presentar un estudioso minucioso a los ministros que demuestre que la prisión preventiva no viola sus derechos como pretende hacerlo creer la CNDH.