7 DE OCTUBRE DEL 2016 (WdC).- Un fiscal en España, ordenó una vez más, procesar al futbolista Brasileño, Neymar, a su padre, al expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, al Club Barcelona y al Santos, por los delitos de corrupción y estafa por el posible engaño en el precio de su traspaso al fondo brasileño DIS, gestor del 40% de los derechos del futbolista.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, archivó en un primer momento este caso al no detectar delito, pero la Sala de lo Penal hizo que revocara este archivo y lo obligó a procesarlo.
En un primer momento, De la Mata decidió archivar el caso por no detectar delito. Sin embargo, la Sala de lo Penal le hizo revocar la decisión. La Fiscalía le acusa de eludir la orden del tribunal superior de enviar al futbolista al banquillo. El fiscal del caso, José Perals, ha presentado un recurso. Alega que De la Mata no ha cumplido lo que le encomendó la Sala Penal: dictar el llamado auto de transformación -equivalente al auto de procesamiento- para enviar a juicio a Neymar y los citados.
Considera que Neymar, su padre, Rosell y el Barcelona incidieron en un delito de corrupción en los negocios. A Rosell y el Barça les añade un delito de estafa, que también imputa al Santos y a su expresidente Odilio Rodrigues.
El fiscal José Perals explicó que el fichaje de Neymar se llevó a cabo en dos momentos: primero en el año 2011, cuando el Barcelona se comprometió a abonar al jugador 40 millones de euros para que jugara en el Barça a partir de 2014, y luego en 2013, cuando se adelantó el compromiso anterior para que se incorporara ese mismo año.
La decisión de anticipar el fichaje no contó con la autorización de la Junta Directiva del club español e implicaba que el Barcelona tenía que pagar a DIS para adquirir los derechos federativos.
Para conseguir el adelanto del fichaje, Rosell decidió pagar más dinero del pactado en un principio tanto a Neymar y a su padre, por un lado, como al Santos, parte de ello disfrazado con contratos ficticios.
Como consecuencia de este engaño, DIS recibió sólo un 40% de los 17.1 millones de euros establecidos como precio de la transferencia de los derechos federativos, cuando, según el fiscal, le hubiera correspondido ese mismo porcentaje, pero de 25.1 millones. Por ello entiende que debe ser indemnizado por la diferencia con 3 millones 228 mil 400 euros.
Con información de EXCÉLSIOR