La Sala Superior del Tribunal Electoral, uno de los tres órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, está a punto de pasar por el mismo dilema que sufre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales concluirán su cargo este martes 31 de octubre, dejando así la designación de sus reemplazos en las manos del Senado de la República que controla el partido Morena y sus aliados.
Si bien el Pleno del Tribunal Electoral puede sesionar con cuatro magistrados, se necesita por lo menos a seis de los siete integrantes que deben conformar la Sala Superior para hacer la declaración de validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección en caso de ser necesario, según el Artículo 187 de Ley Orgánica del Poder Judicial.
A menos de un año de las elecciones más grandes e importantes del país –en donde se elegirá a un nuevo Presidente de la República, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y todo el Congreso de la Unión, entre otros cargos– la estabilidad del órgano cobra mucha relevancia.
Pero todo parece indicar que el bloque oficialista en el Senado intentará retrasar dichas designaciones hasta donde le sea posible, tal como lo ha hecho con el INAI, cuyo Pleno lleva más de seis meses sin tres de sus siete comisionados.
Morena y sus aliados han optado por estancar designaciones claves para órganos autónomos en represalia a las decisiones que estos han tomado en contra de sus planes. En el caso del Tribunal Electoral, el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy crítico de sus fallos e incluso ha amenazado con enviar una iniciativa de reforma constitucional para que tanto magistrados como jueces y ministros, sean elegidos al cargo por voto popular.
Además, la Sala Superior le ha dado muchos reveses a las estrategias electorales y actos proselitistas de Morena en estos pasados cinco años.
Uno de los ejemplos más recientes ocurrió la semana pasada, cuando los magistrados de la Sala Superior confirmaron los lineamientos que establecen medidas preventivas para evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales gubernamentales durante los procesos locales y federales del 2023-2024.
Claves para entender la designación de magistrados
El pasado 25 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su visto bueno a las dos ternas, una de mujeres y otra de hombres, que envió a la Cámara Alta para designar a los dos nuevos magistrados del Tribunal Electoral.
La terna de mujeres está conformada por Marcela Elena Fernández Domínguez, actual magistrada en la Sala Regional Toluca; Gabriela Villafuerte Coello, ex magistrada de la Sala Regional Especializada; y Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Regional Monterrey.
Mientras que la terna de hombres incluye al presidente de la Sala Especializada del TEPJF, Rubén Jesús Lara Patrón; el magistrado de un tribunal colegiado en materia civil, Francisco Javier Sandoval López; y el ex presidente de la sala regional Ciudad de México, Armando Ismael Maitret Hernández.
El 17 de octubre, la Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por la senadora Olga Sánchez Cordero, aprobó los dictámenes por los que se avala la elegibilidad e idoneidad de las y los aspirantes para ocupar un cargo de magistrada y uno de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Una vez que fueron aprobados los dictámenes en cuestión, estos fueron remitidos a la Comisión de Justicia los remitió a la Mesa Directiva del Senado, quien hasta la fecha no los ha agregado al Orden del Día del Pleno del Senado para su trámite.
Se esperaba que los dos nuevos magistrados ocuparan su cargo el 1 de noviembre, pero todo parece indicar que Morena utilizará su mayoría, que incluye a aliados, para retrasar el proceso.