Previo a la desaparición de la Policía Federal (PF), la dependencia asignó 190 escoltas a distintos funcionarios públicos, entre diputados, senadores, secretarios, ministros y presidentes municipales.
Ello, según una nota de Grupo Reforma que refiere una solicitud de información en la que también se asienta que 12 ex agentes fueron remitidos al Poder Judicial, 8 a Pemex, 33 para distintos Ayuntamientos de Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato y 20 para los Gobiernos de Guerrero, Morelos, Hidalgo y Ciudad de México.
En cuanto a los legisladores, 12 se encuentran con senadores de Baja California, CDMX y Querétaro; otros 15 fueron asignados a diputados federales en la Ciudad de México y Morelos, mientras 9 cuidan de legisladores locales de San Luis Potosí y Veracruz.
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Asimismo, la PF informó que gran parte de estos nuevos escoltas quedaron bajo el mando de la secretaría encabezada por Alfonso Durazo, la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Además, esta dependencia federal también conservó 14 de los 29 vehículos que la Policía Federal utilizaba en el servicio de guardaespaldas.
El diario resalta que el ex órgano desconcentrado no dio a conocer los nombres de los funcionarios que reciben protección de los escoltas.
La eliminación de servicios de escoltas fue uno de los puntos del “Plan 50” que Andrés Manuel López Obrador presentó como virtual presidente electo tras los comicios de julio de 2018.
Para noviembre de 2019, se incluyó en el decreto de la Ley Federal de Austeridad Republicana publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la prohibición a servidores públicos para disponer de uno o varios integrantes de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para brindar servicios de salvaguarda personal, a menos que la normativa que regule su actividad lo contemple o bien, se considere necesario.
(diego joaquín)