CUERNAVACA, MORELOS 17 DE ABRIL DEL 2018 (WDC).- Ante la resolución de un juez federal de otorgar un amparo a ejidatarios y campesinos del municipio de Ciudad Ayala en contra de la expropiación de un tramo de terreno para la construcción de la Autopista Siglo XXI, la candidata al Senado de la República por Movimiento Regeneración Nacional, Lucía Meza Guzmán se congratuló al reconocer que la justicia estuvo del lado correcto.
Respecto al amparo, dijo que significa un primer acto de justicia que se haya concedido un amparo a ejidatarios afectados por el trazo de la autopista Siglo XXI.
En el fallo del Poder Judicial de la Federación, se señala que “en relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistente en la ejecución del acto reclamado y con fundamento en lo establecido en los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”.
De la misma manera se precisa que, en consecuencia, el quejoso no debe ser despojado de una fracción de 300 metros pertenecientes al bien inmueble denominado “Las Margaritas”, ubicado en el kilómetro 43 de la carretera Siglo XXI, tramo El Higuerón (Xicatlacotla), en el poblado de Huitxililla, Municipio de Ayala Morelos, hasta en tanto reciban las autoridades responsables notificación que se resuelva la suspensión definitiva.
Meza Guzmán, celebró que a partir de lo dispuesto en el artículos 136 de la Ley de Amparo, se haya concedido a los ejidatarios la medida cautelar y que surta efectos de manera inmediata.
La candidata morenista, quien en días pasados se había reunido con ejidatarios de dicha localidad, se comprometió a ofrecerles el apoyo jurídico para que pudieran tomar las medidas legales necesarias ante el incumplimiento de las promesas de las autoridades federales.
Dijo que seguirá trabajando muy cerca de los campesinos y no sólo ofreciendo asistencia jurídica necesaria, sino también como legisladora, ahora desde el Senado, servir de Puente ante las autoridades estatales y federales para que se dé el cumplimiento necesario que reclaman los ejidatarios.