Cuernavaca, Morelos 28 de mayo de 2017 (WDC).- La “Ley del garrote” es la que utiliza la administración que encabeza el titular del Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu, porque fue un acto de represión la intervención de la policía de mando único en el municipio de Totolapan, Morelos, donde se lastimó a la población civil y a inconformes por la pretendida construcción de un nuevo mercado en el centro de la comunidad, aseguró el diputado federal del PAN, Javier Bolaños Aguilar.
Al respecto, precisó: “El sello de este gobierno es la intolerancia y por eso afirmo que la represión violenta ocurrida en el municipio de Totolapan, es un camino equivocado -dijo Javier Bolaños Aguilar- que solo ahondará la división y el encono en una comunidad que siempre ha sabido defender sus derechos”.
Cabe señalar que la población no se opone a la construcción de un nuevo mercado, sino a la intolerancia que les impide a las autoridades aceptar un nuevo sitio para su edificación, donde no se lastime lo que se considera un espacio con vestigios históricos, que podría servir incluso, como atractivo turístico y cultural.
Por ello, adelantó que el gobierno perredista de Morelos se cansa rápido de dialogar y prefiere el camino de la represión, que en esta ocasión afectó también a la población civil, tanto en sus personas como en sus bienes, a consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza policiaca en contra de la población que defiende un derecho y que el gobierno ha sido incapaz de atender.
El legislador federal de Acción Nacional, reiteró: “Yo creo en el dialogo y en la construcción de acuerdos democráticos para beneficio de la población, y por eso condeno la represión que ha usado este gobierno para imponer sus decisiones en Totolapan y en otros casos, como la construcción de la nueva sede legislativa, que se edifica sin licencia de funcionamiento y sin otros permisos, así como en contra la voluntad de la mayoría los comerciantes, en un área de por sí de alta conflictividad vial, que se verá más afectada con repercusiones negativas en la actividad comercial del centro de abastos Adolfo López Mateos. Es realmente increíble, que por falta de consensos las obras públicas, que deberían ser aplaudidas, sean repudiadas por la población”.
Consideró que en el caso de Totolapan, el gobierno del Estado debió agotar otras formas democráticas de consenso; por eso “emplazo a la autoridad para que, en el tema de la construcción o no del mercado en esa demarcación, lleve a cabo la consulta al pueblo, mediante el uso del plebiscito, recientemente aprobado en nuestra Constitución, para que mediante el voto de la mayoría se defina qué es lo mejor para la comunidad.”