Cuernavaca, Morelos 13 de julio de 2017 (WDC).- Aún no se resuelve el desfalco de más de 150 millones de pesos durante la administración del ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Francisco Moreno Merino –que provocó el despido de más de 500 empleados a quienes no se les liquidó ni entregó su aguinaldo como lo marca la Ley-, y fue ya aprobada por unanimidad por los integrantes de la LIII Legislatura local el Sistema Estatal Anticorrupción en Morelos.
Sin importar que los propios diputados hayan solicitado una auditoría extraordinaria –que hasta el momento no se ha aprobado para saber dónde está el dinero que se desapareció del Congreso-, los legisladores anunciaron que la aprobación de esta Ley tiene como objetivo expedir y armonizar el marco normativo estatal necesario para implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General, el Código Penal y la Ley Orgánica Municipal en la entidad fueron las reformas que se hicieron al tiempo de expedir las leyes de Justicia Administrativa, de Responsabilidades Administrativas y la de Fiscalización Superior, todas del estado de Morelos.
Sobre el particular, el diputado del PRD, Enrique Javier Laffitte Bretón, presidente de las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, señaló que el documento que fue avalado se consensó y socializó entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y se tomaron en cuenta todas y cada una de las observaciones y opiniones. Sin embargo, omitió decir porque no se ha realizado la auditoría para saber dónde está el dinero que desapareció del Congreso.
El proyecto refiere la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, por lo que afirmó que “va acorde a la Ley General en la materia e incluye figuras novedosas y sanciones más severas tanto para servidores públicos, como particulares que cometan actos de corrupción”.
Enrique Javier Laffitte, puntualizó que la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que “rompe paradigmas y por primera vez, nuestro estado contará con una ley que verdaderamente logre sancionar a los servidores corruptos”.