Cuernavaca, Morelos 10 de junio de 2017 (WDC).- Diputados que conforman el grupo denominado G-10 acusaron que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Beatriz Vicera Alatriste, pretende desalojarlos del plantón que mantienen en el interior del inmueble en apoyo a la exigencia de sus trabajadores a los que se les deben más de dos quincenas de salario.
Esto, luego de que el pasado jueves 8 de junio del año en curso, mediante la circular DHR/22/2017, dirigida a los diputados, secretarios, directores, subdirectores, jefes de departamento, coordinadores y personal que conforman el legislativo, les dan a conocer que este viernes 9 se suspenderían labores bajo el argumento de que se realizará una “fumigación general” en los tres edificios que pertenecer a este poder.
Lo anterior, lo calificaron como mero pretexto y argucia maquiavélica para que desalojen el inmueble principal que mantienen tomado hasta que les paguen a los trabajadores de las bancadas parlamentarias PRI, PAN, Encuentro Social, Humanos y Nueva Alianza y como para despistar también se “fumigarán los edificios Rex e ISSSTE.
Antecedentes
Cabe recordar que el pasado 1 de junio los diputados del G 10 en apoyo a sus trabajadores clausuraron simbólicamente las oficinas y cerraron las instalaciones del Congreso debido a que no les pagaron a los empleados sus dos últimas quincenas o hasta más. En donde Víctor Caballero Solano y Alberto Martínez, entre otros, calificaron dicha acción como una venganza política por haber votado en contra de las reformas secundarias en materia electoral y aprobada el pasado 25 de mayo.
Aún más, el pasado 7 de junio al dejarlos plantados Beatriz Vicera para tratar ese asunto, los diputados opositores a la reforma secundaria, presentaron una queja ante la CDHEM por el incumplimiento en el pago de los trabajadores, donde aseguraron que tras 36 días de haber congelado su salario, aún no hay un diálogo para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Dicha queja fue aceptada por la vulneración de los derechos de los empleados, donde el ombudsman Jorge Arturo Olivares Brito aseguró que una premisa social es precisamente la de nunca afectar el salario y que cuando se deja de percibir, y más por razones políticas, se violentan sus derechos humanos.