Cuernavaca, Morelos.- Por considerar que fue un exceso cometido por los integrantes de la LIII Legislatura Local al pretender reelegirse ellos hasta por tres periodos consecutivos; así como por violentar y atentar contra las minorías al incrementar de 3 a 5 por ciento la votación electoral para acceder los partidos a una curul en el Congreso; así como por incrementar de 5 a 12 años la residencia para los aspirantes a la gubernatura en un claro mensaje a Cuauhtémoc Blanco, la dirigencia nacional del Partido Encuentro Social, impugnó estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mauricio Fernández Pardo, delegado nacional en Morelos del Partido Encuentro Social, confirmó lo anterior al tiempo de precisar que incluso, hicieron lo propio en el Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de que las reformas que puedan ser aprobadas en particular se apliquen en el 2021 y no forzosamente para el próximo proceso electoral del 2018.
La acción de inconstitucionalidad que presentó el PES ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca echar abajo las reformas electorales aprobadas por el Congreso del estado de Morelos, luego de que se han iniciado los trabajos de redistritación en la entidad y con lo cual, pretenden hacer ver que sí caminarán estas modificaciones que son atentatorias contra la democracia no sólo de Morelos sino del país porque genera precedente.
Mauricio Fernández, reiteró: “Se presentó la impugnación a la Ley de la reforma porque están violentando el derecho de representación de las minorías en nuestro estado; pero sobre todo, buscamos que no proceda una Ley arbitraria, que se aprobó vía fast track”, sin fundamentos y mucho menos sin consensuarla entre los habitantes del Estado de Morelos.
El representante de Erick Flores, dirigente nacional del PES, reiteró que los errores cometidos en la reforma son de tal envergadura que rayan en lo absurdo y como ejemplo, señaló que los actuales diputados que quieren reelegirse hasta por tres periodos, están en condiciones de no solicitar licencia al cargo de legisladores, utilizando recursos y el presupuesto del Congreso, mientras que obligan a los alcaldes a que ellos sí se separen del cargo si aspiran a otro cargo de representación popular, lo que evidencia que no hay piso parejo para todos.