CUERNAVACA, MORELOS 12 DE ABRIL DEL 2019 (WDC).- Lejos de pensar en la posible privatización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), el candidato a diputado federal independiente por Cuernavaca, Daniel Altafi, propuso la creación de un organismo ciudadanizado al considerar que poner en manos al organismo operador del agua en manos ajenas, perjudicaría económicamente a los usuarios.
Lo anterior al participar en el foro “Mesa de análisis y propuestas sobre el problema del agua en Cuernavaca” donde reiteró su rechazo a la posibilidad de privatizar el organismo descentralizado que consideró, tiene muchas fallas ante irregularidades que se han cometido al paso de varias administraciones municipales.
Y dejos de politizar el tema del desabasto del vital líquido que padecen los cuernavacenses, llamó a la sociedad civil a organizarse para crear una propuesta que sería un organismo ciudadanizado y sujeto permanentemente a una auditoría y transparencia.
Daniel Altafi enumeró algunos de los problemas más graves que enfrentan los ciudadanos en el tema hídrico, entre ellos el tandeo, el cual provoca que el 57 por ciento de la población no tenga agua de manera regular, además de la falta de tomas, las malas
condiciones de la red hidráulica y la mala administración del organismo operador.
Respecto a este último tema, lamentó que hace varias administraciones el SAPAC funciona en números rojos y reveló que para reestructurar al organismo, el cual ocupa el 92 por ciento de sus recursos en gastos operativos y que se necesitan al menos 800 millones de pesos.
Planteó ante ello una reingeniería en la Junta de Gobierno de SAPAC que esté integrada por la sociedad civil, expertos en el tema hídrico y académicos y consideró necesario realizar estudios socioeconómicos a los ciudadanos para determinar el costo a cobrar de la toma de agua, considerando su capacidad de pago para contar con un apoyo social a quienes más lo necesitan.
En este mismo sentido, Altafi propuso eliminar los pagos en efectivo directamente en el organismo operador, poner fin a los descuentos discrecionales, que representan una merma cercana a los 35 millones de pesos al año.
Finalmente planteó la aplicación de una medición electrónica al consumo de los usuarios, lo que reduciría gastos operativos, además de un cobro más exacto y la posibilidad llevar a cabo una reclasificación de usuarios, es decir quiénes deben pagar tarifa comercial y quiénes tarifa doméstica.