CUERNAVACA, MORELOS 14 DE FEBRERO DEL 2018 (WDC).- Senadores y académicos que se reunieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM coincidieron en señalar que la Ley de Seguridad Interior viola los derechos humanos de la población, además de que legaliza la militarización del país en favor de naciones extranjeras.
Fue durante el seminario “Ley de Seguridad Interior”, donde los asistentes reflexionaron sobre las inconsistencias de dicha ley que ya se encuentra vigente, misma que permite al Ejército actuar, aunque, según el Ejecutivo federal afirmó que no la aplicará.
Durante su intervención, el director del IIJ, Pedro Salazar, manifestó que desde su aprobación en diciembre pasado a la fecha se han interpuesto ocho controversias constitucionales por los riesgos que representa, documento que tendrá que ser revisado la SCJN, afirmó.
Esto, al señalar que con la estrategia militar para combatir al crimen, la violencia no sólo no ha disminuido, al contrario, ha ido en aumento, “tanto el proceso legislativo, como su resultado, esto es, su la promulgación, abonan en el terreno de un Estado autoritario de derecho”, acotó.
Recordó que el principal temor sobre esta nueva legislación es que se abandone la ruta de las instituciones civiles de procuración de justicia y se consolide la política de la militarización.
Asimismo, informó que en la actualidad existen nueve cárteles presentes en el país, que abarcan 23 entidades, indicando que el 2017 ha sido el año más violento de los últimos 20 años, con 23 mil 101 homicidios; “mientras que el gasto público ejercido en funciones de justicia de seguridad interior ha ido al alza en la última década, con 1.8 billones de pesos”, recordó
Esto, al rememorar que al término del gobierno de Calderón había 10 estados con seguridad militar, actualmente son 28, con miles y miles de personas desaparecidas, desplazadas, miles de violaciones a los derechos humanos y un incremento en los niveles de violencia que no se veían desde hace muchos años, acotó.
Por su parte, senador por el PT y Morena, Manuel Bartlett Díaz, dijo que la Ley de Seguridad tiene su origen en la iniciativa Mérida, que es un acuerdo inconstitucional suscrito por Bush y Calderón, en donde se estipula que EU asesora a México y ofrece recursos para comprar armamento, lo que le da el derecho de vigilar lo que hacen los mexicanos.
En su oportunidad, el senador independiente Alejandro Encinas, subrayó que dicha ley representa una “tentación” para las fuerzas armadas porque pueden cometer más violaciones a los derechos humanos.
Al término, los asistentes dijeron que es necesario que la SCJN declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, porque en caso contrario, será evidente que dicho órgano actúa en favor del Ejecutivo y no de la población en su conjunto.