POR: RODOLFO ACEVES JIMÉNEZ
En una de las últimas oportunidades para que el PRI haga un examen autocrítico en el que analice y ponga en una balanza el ejercicio de su administración y de la conducción política del país, previo al inicio preelectoral del próximo año, quizás el resultado no le sea alentador.
Tardaron sólo cuatro años para que el desencanto ciudadano se hiciera presente y el electorado ponga en duda su voto a favor del tricolor. Esto luego de los resultados electorales de junio pasado, en el que el PRI perdió siete de las doce gubernaturas en disputa, teniendo presente al fantasma de la corrupción.
Debe leerse que los resultados electorales adversos para el PRI, fueron como consecuencia de una serie de políticas públicas y decisiones políticas, que parece que han salido del control del equipo gobernante de Los Pinos.
La inseguridad, la crisis de derechos humanos, la menoscaba economía y la corrupción, son los principales ejemplos en los que el PRI debe analizar y verse en el espejo, para comprender que, de no modificar políticas en estos rubros, el Presidente Enrique Peña podría entregarle la banda presidencial a un sucesor que no sea de su propio partido.
La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán vino a evidenciar que las instituciones y la política de seguridad y penitenciaria del país estaba filtrada desde sus mismas entrañas. Hoy en día, aunque El Chapo fue recapturado queda la sensación que la autoridad fiscal nunca hizo nada para confiscarle su dinero y, por tanto, su poder corruptor seguía, o quizás siga, intacto.
Lo anterior viene de la mano con la sensación de ausencia de protección de los derechos humanos en México, que es un tema en el que México está rebasado y sus políticas han sido puestas en tela de juicio por organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplos sobran en Tlatlaya, Ayotzinapa, Ostula, con desaparecidos, ejecutados, etcétera.
Las reformas energéticas y hacendarias que prometieron mucho con el Pacto por México, han sido superadas por aumentos al precio de la gasolina, de la energía eléctrica y con favorecer a empresarios en exentarlos del pago impuestos y en algunos casos, sus capitales engrosen paraísos fiscales, antes de quedarse en México.
Por último, pero no menos importante: la corrupción. Tal y como lo dijo el secretario de Defensa Cienfuegos “es un asunto de seguridad nacional”, que permea a las instituciones de seguridad pública y permite la fuga de narcotraficantes, como El Chapo.
Un tema cuyos malos elementos de las instituciones de seguridad permiten el establecimiento de nichos de corrupción, en perjuicio de la función de seguridad y de la protección de los derechos humanos.
Un asunto que por igual puede corromper empresarios y políticos, en el que de manera alevosa, no se le asignó presupuesto para operar el Sistema Nacional Anticorrupción, para una clase política que busca afanosamente inventar nuevos mecanismos de corrupción.
Actos de corrupción con impunidad. ¿El rescate de la Procuraduría General de la República y la Cancillería mexicana a Humberto Moreira de las acusaciones de narcotráfico de la Fiscalía española? inocente; ¿la indemnización del presidente Enrique Ochoa Reza del PRI a su cargo en CFE? inocente; ¿La Casa Blanca? inocente; ¿Malinalco? inocente; ¿OHL? inocente; ¿Arturo Castillo y su desempeño en la CONADE? inocente; ¿La sospechosa cancelación de la licitación del Tren México Querétaro?, inocente; ¿La responsabilidad por recomendar reunirse con Donald Trump? inocente; ¿los moches? inocente.
Lo que viene para el PRI depende de su capacidad para comprender los errores que el ejercicio de gobierno le ha traído, y su voluntad para cambiar, para su permanencia o separación del poder en 2018.
Es un hartazgo ciudadano y Washington quiere aprovecharlo.
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