CARACAS (Excelsior).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció ayer un desfalco de 200 millones de dólares en contratos petroleros con el Estado, y acusó a su antecesora Luisa Ortega Díaz de complicidad por no haber investigado ese caso.
La supuesta defraudación se produjo por “sobreprecios” de hasta 230% en contrataciones realizadas entre 2010 y 2016 en la Faja Petrolífera del Orinoco, dijo Saab en rueda de prensa.
“El daño patrimonial vinculado a esta antigua gerencia (de la Faja Petrolífera), que fue removida por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, abarca una cifra cercana a los 200 millones de dólares”, aseguró el funcionario.
Venezuela alberga las mayores reservas de crudo del mundo, y 90% de esa riqueza se concentra en la Faja del Orinoco, un territorio de unos 55 mil kilómetros cuadrados.
“Hemos abarcado una muestra de 12 contratos a 10 empresas”, dijo, y señaló a
Coferca, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicios Construcciones Romara y Metroemergencias, entre otras implicadas.
“La cifra pudiera aumentar, pudieran aparecer otras empresas vinculadas a este tema”, apuntó.
El fiscal no reportó detenciones por ese caso, pero dijo que los dueños de las compañías serán interrogados y confió en que cooperen con la justicia.
“Los delitos que se le pudieran imputar a los implicados en este caso son: “Evasión de procesos licitatorios, peculado doloso, asociación para delinquir”, añadió Saab.
Asimismo, eximió de responsabilidad a los directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) y aseguró que la investigación avanzó gracias a la colaboración de ellos.
“DESVIAR LAS AVERIGUACIONES”
Según Saab, aunque el presidente Maduro ordenó investigar el caso hace un año, la exfiscal Ortega lo mantuvo “engavetado”, presuntamente, para “desviar” las averiguaciones.
“Usted es la principal responsable del desfalco (…) porque teniendo estas pruebas no hizo nada. Lo que hizo fue desviar la investigación para extorsionar” a los implicados, afirmó dirigiéndose a su antecesora.
Ortega fue destituida el pasado 5 de agosto por la Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos, cuatro meses después de poner fin a su militancia oficialista por considerar que Maduro había roto el hilo constitucional.
Hace dos semanas, la exfiscal huyó a Colombia con su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, denunciando una persecución del mandatario venezolano, a quien tilda de “dictador”.
Desde entonces está viajando por la región para denunciar la supuesta vinculación de Maduro con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El Ministerio Público acusa al marido de Ortega de liderar una red que extorsionaba desde esa institución a empresarios petroleros corruptos, a cambio de no procesarlos.