El Ejército de Birmania (Myanmar) plantó minas antipersona en la frontera con Bangladesh, por donde han huido desde finales de agosto 300 mil musulmanes de la etnia rohinyá, según denunció hoy Amnistía Internacional, mientras prosigue el éxodo.
Tras entrevistar a testigos y expertos en seguridad, AI ha documentado el uso de estos dispositivos explosivos terrestres en el estado Rakhine (oeste de Birmania) y acusa directamente a las autoridades birmanas, quienes niegan cualquier implicación.
Al menos una persona ha muerto y tres, entre ellas dos niños, han resultado heridas de gravedad en cuatro detonaciones de minas, cuya utilización está prohibida por varias convenciones internacionales.
El 3 de septiembre, una mujer de 50 años perdió la pierna al pisar uno de los artefactos enterrados en el lado birmano de la frontera.
La nuera de la víctima, quien se encuentra en Bangladesh tratándose las heridas, relató a AI que su suegra salió del campamento a “buscar agua” y minutos después se escuchó una gran explosión.
Dos niños, de 13 y 10 años, también están siendo tratados por heridas que concuerdan con los daños causados por la explosión de minas antipersona y un hombre ha muerto, según las informaciones facilitadas por testigos a la organización no gubernamental.
Un rohinyá dijo a AI que encontró al menos seis minas plantadas en un área cercana al lugar donde se produjeron los incidentes y con la ayuda de otros pobladores, fueron capaces de desenterrarlas.
Según fotografías y videos a los que ha tenido acceso AI, los dispositivos utilizados son del tipo PMN-1, fabricados en la década de los 50 por la extinta Unión Soviética (por entonces aliada de la Junta militar que gobernó Birmania hasta 2011).
Este artefacto, que contiene una carga de unos 249 gramos de explosivo, está diseñado para causar la amputación de los miembros de la persona que la activa.
El uso de esta arma indiscriminada y mortal por parte de los militares birmanos, en caminos concurridos alrededor de la frontera, pone en peligro la vida de civiles”, denunció Tirana Hassan, directora de AI para la respuesta de crisis internacionales.
Hasta la fecha, el Ejército birmano ni ha confirmado ni desmentido las informaciones, aunque el portavoz de la Oficina de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, líder de facto del Gobierno y a cargo de la Consejería de Estado, negó esta semana que los efectivos gubernamentales hayan colocado las minas.
El portavoz gubernamental además señaló a los insurgentes rohinyás, a quienes calificó de “terroristas”, como responsables de plantar los explosivos.
El Gobierno de Dacca ha elevado una queja formal ante las autoridades de Naipyidó sobre este asunto.
Las autoridades de Birmania deben dejar de encubrir las negaciones. Las evidencias sugieren que sus propias fuerzas de seguridad están detrás de la colocación de minas terrestres, que son ilegales y están mutilando a los civiles”, aseguró Hassan.
‘LIMPIEZA ÉTNICA’
El éxodo de los rohinyás, a quienes el Gobierno de Birmania no concede la ciudadanía, se intensificó el 25 de agosto tras el asalto armado del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra una veintena de posiciones gubernamentales.
El Ejército birmano respondió con una operación militar en la que ya han muerto 414 personas, la gran mayoría rohinyás, según la cifra oficial, que podría ser mucho más abultada conforme denuncian organizaciones en favor de los derechos humanos.
Desde el inicio de los enfrentamientos, el ARSA y las Fuerzas Armadas se intercambian acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos.
Se estima que más de un millón de rohinyás vivían en Rakhine (antigua Arakán) víctimas de una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120 mil de ellos confinados en 67 campos de desplazados.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, ya que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
Lo que sucede delante de nuestros ojos puede ser descrito como ‘limpieza étnica’ contra los rohinyás por razón de su origen étnico y religioso. En términos legales, se trata de crímenes contra la humanidad que incluyen el asesinato y la deportación o traslado forzado de la población”, sentencia la activista de AI.
Cerca del 89 % de los 51 millones de birmanos practica el budismo, frente al 4 % de la población que profesa el islam, entre ellos la etnia rohinyá.