CIUDAD DE MÉXICO (Excelsior).- En un segundo intento, Movimiento Ciudadano presentó este viernes una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Seguridad Interior, luego de que hace unos días los ministros rechazaron un primer recurso, por ser “notoriamente improcedente”, al señalar que los partidos políticos sólo tienen injerencia en leyes electorales.
Después de entregar los documentos en la Oficialía de Partes del máximo órgano de justicia del país, la senadora Martha Tagle acompañada de integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano consideró que existen argumentos legales suficientes para que se reconsidere esta decisión, porque la citada ley viola derechos humanos y políticos-electorales de los mexicanos, como la libre manifestación, en eventos políticos o de campaña, que podría ser catalogados como actos que vulneran la seguridad nacional.
“Vamos a seguir insistiendo de que se de entrada a esta acción de inconstitucionalidad porque como se ha manifestado aquí, Movimiento Ciudadano considera que esta ley, además vulnera derechos de los ciudadanos como son los derechos político-electorales, y en ese sentido es un enfoque más que se tiene que sumar al análisis y debe ser incorporado a la valoración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará haciendo”, manifestó.
Marta Tagle dijo que todas la voces en contra de la Ley de Seguridad Interior tienen que ser escuchadas por parte de la SCJN, “y en este sentido es muy importante que el ombudsman se haya pronunciado a favor de que se incorporen diferentes voces y se estudien a fondo los diferentes recursos legales”.
Al vencer el 22 de enero el plazo legal para combatir la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a cuatro acciones de inconstitucionalidad de diputados, senadores, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de una controversia promovida por el municipio de Cholula, Puebla.
Mientras tanto, siguen en revisión acciones de inconstitucionalidad de los gobiernos de Oaxaca, Querétaro, Hidalgo del Parral, Chihuahua, así como la solicitud de reconsideración de Movimiento Ciudadano.