Los chicos corren a la mesa, se sientan y, en pocos minutos, casi sin respirar y aunque el guiso esté caliente, terminan el plato y piden más. “Para la mayoría, esta es su única comida fuerte del día, no tienen la posibilidad de alimentarse en sus casas”, aseguró Luis Gómez, del Comedor Por los Chicos, del barrio Loyola, en San Martín. La escena refleja una realidad dolorosa: miles de niños, niñas y adolescentes pasan hambre en la Argentina, donde la inseguridad alimentaria severa es la más alta de la última década.
Aunque no fue una sorpresa, los datos más recientes del Indec le pusieron números al drama: casi el 53% de los menores de 14 años residen en hogares pobres en términos económicos. Pero si se pone la lupa en los que padecen riesgo alimentario extremo, es decir, quienes viven a diario la experiencia del hambre, pasaron de 9,6% a 13% en el último año, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la UCA. En el conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor cantidad de niños en riesgo, la cifra trepó hasta el 17,4%. “Cuando la situación económica es grave como la actual, cuando los indicadores de pobreza se disparan, golpean especialmente a los hogares con niños”, describió Ianina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.
Para muchos, este panorama crítico y las heladeras vacías son algunas de las razones por las cuales Alberto Fernández acaba de ser elegido presidente y, a la vez, uno de sus desafíos más inmediatos: frenar o revertir una situación íntimamente ligada a la inflación; la suba de alimentos y servicios, y el desempleo en los sectores más vulnerables.
“El problema del hambre y la situación de los niños es lo más inquietante, porque estamos generando una cuarta generación de exclusión. Además de requerir un plan alimentario urgente para la primera infancia, el país tiene un 25% de pobreza estructural”, afirmó el diputado Daniel Arroyo, principal responsable del plan Argentina contra el Hambre, la propuesta que el gobierno electo piensa poner en marcha desde el 10 de diciembre.
Para Marisa Graham, designada defensora de Niños, Niñas y Adolescentes por la comisión bicameral del Congreso, “estamos en una situación grave” y ante lo apremiante del momento “el gobierno actual y el que viene tienen que tomar la decisión de una protección a las familias con niños y, sobre todo, a las familias con niños pequeños”.
Las postales de la realidad con chicos revolviendo la basura, no pudiendo acceder a comidas nutritivas o haciendo colas en comedores, confirman una vez más la especial vulnerabilidad de la infancia a la pobreza. “Las cifras actuales hablan de un millón y medio de niños y adolescentes que no cubren la canasta básica de alimentos”, afirmó Luisa Brumana, representante de Unicef en la Argentina. Por eso, consideró que “es hora de saldar la deuda con la niñez” y que “el próximo presidente deberá tomar medidas rápidas”.
“Lo primero será garantizar el acceso a una canasta básica de alimentos que sea saludable y accesible a todos. Si siguen subiendo los alimentos, no hay política social posible”, enfatizó Arroyo. Para el diputado, “hay que reforzar mecanismos para que todos los productos estén en las góndolas, fortalecer la economía popular, armar nuevos centros de comercialización, generar y fortalecer lo que se está haciendo en comedores y merenderos, y potenciar el ‘compre estatal'”.
Los más vulnerables
Los chicos de 0 a 4 años están entre los más afectados por la inseguridad alimentaria severa, que en ese grupo pasó de 7,8% en 2015 a 12,9% en 2018. “Son los más invisibles y, a la vez, la población más crítica, que requiere una respuesta urgente, porque es la etapa en la que el riesgo alimentario tiene mayor efecto en el desarrollo”, enfatizó Tuñón.
Todos los especialistas coinciden: el cuadro no admite demoras, son casi 320.000 niños y niñas en pleno crecimiento y desarrollo neuronal que no comen o lo hacen salteado. “Si no se ataca la desnutrición en los primeros años de vida, puede ser irreversible”, explicó María Soledad Scheurer, directora general de Fundación Dignamente, una organización que trabaja con centros para la prevención y el tratamiento de la desnutrición infantil en Santiago del Estero. “Lo fundamental son los primeros 1000 días, hasta los 2 años, porque en ese período se desarrolla el 100% del cerebro humano”, detalló Scheurer.
Brumana agregó que estas carencias, “a largo plazo, traen consecuencias que van más allá de lo nutricional y la salud, también tienen impacto social y psicológico, así como en un menor rendimiento escolar”. Por eso, para Tuñón es fundamental el georreferenciamiento de la población de hasta 4 años con inseguridad alimentaria severa, porque “permite ver dónde están los grupos más críticos, dónde se concentran la mayor cantidad de niños con esas características y trabajar en políticas públicas puntuales”. Esos puntos son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.