Cuernavaca, Morelos 28 de marzo de 2017 (WDC).- Académicos especialistas en materia ambiental, ambientalistas y defensores de derechos humanos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) lanzaron un enérgico llamado para que se aplique justicia por las fosas “clandestinas” de las que dispuso la Fiscalía General del Estado en Tetelcingo y Jojutla, pero castigar severamente al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu por omisiones graves y por su pretensión de vender “reservas territoriales” incendiadas hace unos días, y coincidentemente de forma simultánea.
Con ello, evidenció la comunidad universitaria que existe responsabilidad del gobernador quien luego de “comprar” al Congreso del Estado”, le aprobaron la nueva Ley de Reservas Territoriales que le faculta a vender zonas protegidas, y que dichos incendios posiblemente fueron provocados para acelerar su venta para el desarrollo inmobiliario.
Y en el marco del Día Estatal de las Víctimas y de la exhumación de los cuerpos de la fosa clandestina de Jojutla en la que se han encontrado gravísimas violaciones a los derechos humanos, peores incluso que las encontradas en las fosas clandestinas de Tetelcingo, se presentaron los insólitos incendios de la reserva natural de las inmediaciones de Cuernavaca, que sugieren un posible ecocidio, en razón de los hechos siguientes:
En comunicado de prensa, la comunidad universitaria dio a conocer que el pasado 7 de marzo, el Congreso de Morelos, aprobó la iniciativa preferente presentada por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, con la que se reformaron diversas disposiciones relativas a la creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. Dichas reformas facultan al Ejecutivo para desincorporar tierras del estado, incluso de propiedad social, para distintos propósitos.
Y lo grave es que el 22 de marzo pasado, de manera extraordinaria –ya que en la historia de nuestra entidad no habían ocurrido simultáneamente este tipo de eventos- se presentaron 12 incendios en las zonas norte y poniente de la capital del estado, que afectaron gravemente amplias extensiones de reservas naturales, que son y deben ser patrimonio de los morelenses y de la humanidad, todo ello, según denuncias de organizaciones ecologistas importantes.
Pero al día siguiente, el 23 de marzo, el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, anunció que está listo para “subastar” públicamente las reservas territoriales, particularmente a las inmobiliarias, “para la edificación ordenada de viviendas”.
Por ello y lo que han considerado crímenes de lesa humanidad encontrados en Jojutla, que se suman a los de Tetelcingo, y los posibles ecocidios suscitados en nuestro estado, por ello exigieron atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación con las fosas de Tetelcingo, en particular respecto del número y ubicación de todas las fosas que están en posesión de la Fiscalía en Morelos.
Que se investigue y procese también a aquellos funcionarios que están involucrados en los crímenes de las fosas de Jojutla, comenzando por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, la entonces alcaldesa de Jojutla, Hortensia Figueroa Peralta, el entonces procurador de justicia, Rodrigo Dorantes Salgado y la entonces coordinadora de Servicios Periciales de la Subprocuraduría de la Región Sur Poniente, Blanca Andrea Vega Vargas, y hasta el último que paleó tierra en ambas fosas.