QUERÉTARO, QUERÉTARO (La Silla Rota)‑ Tras difundirse la ubicación de dos inmuebles en Querétaro -ligadas al ex gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte- el gobierno de la céntrica entidad ha expuesto que estará a la expectativa de las peticiones que realice el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respeto a la investigación hacendaria de las viviendas.
El SAT identificó dos viviendas ligadas a Moisés Mansur, presunto prestanombres de Duarte, y quien habría intentado modificar el domicilio fiscal de una de las viviendas.
El secretario de Gobierno de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, confirmó que la investigación la dirige el SAT, por lo que de momento no se han girado ordenes de colaboración al gobierno estatal.
“Como lo comentan los medios, la investigación es por las autoridades hacendarias, es un tema que tiene que ver con domicilios fiscales. Hasta el momento no hemos tenido ningún requerimiento en ninguna de las instancias estatales, en caso de que esto sea, evidentemente habrá la colaboración adecuada e inmediata que se nos requiera” declaró.
Expuso que mientras no se interpongan denuncias penales o administrativas, es limitado el actuar de las autoridades estatales. Sin embargo, refirió que las corporaciones estatales se mantendrán a la expectativa de las peticiones de colaboraciones que pudiesen surgir.
“Las investigaciones son de orden fiscal, mientras no exista algún tipo de denuncia de materia penal o administrativa, ninguna autoridad puede actuar exprofeso y de oficio (…) Todas las instancias en el estado, tanto las del ejecutivo como fiscal e incluso las que corresponden al tema financiero y económico estamos a tanto y en espera de que se dé cualquier petición para apoyar”.
Los inmuebles referidos se ubican en la capital de Querétaro, en las colonias Carretas y Milenio III.
Pero apenas el fin de semana, Trump amenazó a las empresas que salgan de Estados Unidos con un impuesto de 35 por ciento si buscan reintroducir sus mercancías al país.
Asimismo anunció una “reducción sustancial” de impuestos y regulaciones para las empresas, con la excepción de aquellas que despidan trabajadores o construyan instalaciones en otros países.
Bernie Sanders, el excandidato presidencial demócrata, sostuvo que las acciones de Trump sientan un “peligroso precedente”, toda vez que pasan a los contribuyentes el costo de subsidios multimillonarios para mantener a las empresas en Estados Unidos.
El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, cuestionó por su parte el impacto sobre la economía estadunidense de la intervención personal del presidente con empresas particulares.
Expertos coinciden que el otorgamiento de subsidios a empresas para evitar su salida del país puede crear el precedente de que muchas anuncien planes similares sólo para recibir los beneficios.
Aunque los legisladores republicanos han evitado criticar el acuerdo de Trump con Carrier, los conservadores son partidarios del libre comercio y se han opuesto durante años a las políticas de apoyo del gobierno federal a empresas individuales con problemas económicos.
Durante la Gran Recesión de 2009, muchos legisladores conservadores fustigaron el plan de rescate financiero del presidente Barack Obama a grandes empresas financieras y productoras de automóviles estadunidenses como General Motors y Chrysler.