La mayoría de las poblaciones afectadas por la pandemia de covid-19 en México -enfermedad de la que se cuentan 5 mil 399 contagios y 406 muertes- con la pérdida de sus trabajos y sus ingresos -debido a la medida “Quédate en Casa” para evitar la propagación del coronavirus- no son necesariamente las mismas que actualmente están inscritas a alguno de los programas sociales del Gobierno federal, observa el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, A.C., por lo que aumentar el gasto en dichos apoyos, como apunta la medida de reactivación económica anunciada el 5 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no supone un apoyo directo para quienes trabajan en la informalidad ni para los micro, pequeños y medianos comerciantes.
“Se trata de personas que generaban sus propios ingresos con su trabajo en las ciudades, no de estudiantes, ni de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, ni de personas con discapacidad, ni de personas mayores, ni de pequeños campesinos. Aumentar esos programas sociales no beneficia a la mayoría de las víctimas de la emergencia sanitaria. Tampoco los microcréditos sirven cuando las empresas están sin actividad”, apunta el Centro a través de un comunicado.
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“Se necesita un gran acuerdo nacional en el que cada sector asuma responsabilidades, comparta costos y se trabaje en paz y con armonía”, apunta al exhortar a terminar enfrentamientos y descalificaciones como las que AMLO ha llegado a hacer en referencia a la iniciativa privada.
En este sentido, se apunta que habría que distinguir entre dos momentos del proceso de recesión generado por la pandemia. A saber: I) la crisis inmediata de la pandemia derivada de la carencia de ingresos para el sustento básico durante los meses que perdure, con todas las consecuencias sociales que trae consigo, y II) la crisis de desempleo al momento de iniciar la recuperación sanitaria con una planta productiva muy afectada en su operación y encadenamiento.
Así, la organización presidida por Clara Jusidman Rapoport, propone el otorgamiento de una renta básica universal (o cuasi universal) temporal como una opción ante la crisis, pues el objetivo clave de la primera etapa debe ser preservar el sustento básico de la población -como puede ser alimento, vivienda y servicios básicos de agua y luz- con ingresos suficientes.
En la segunda etapa, el propósito central será el rescate de los empleos bien remunerados y de la actividad económica en todos los sectores. “Esto requerirá una estrategia adecuadamente estructurada porque el retiro de la cuarentena tendrá que ser muy cuidadoso a fin de evitar una reincidencia de los contagios, riesgo que no está del todo eliminado”.
Bajo este tenor, se propone aplicar un programa de empleo temporal que prevea con oportunidad, las ocupaciones, el personal y las capacitaciones y recursos que serán necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria y la contención de otros efectos perversos como el deterioro de la salud mental y el aumento de la violencia doméstica, incluso la adecuada disposición de los cuerpos y la higienización de espacios públicos.
OTRAS PROPUESTAS
Asimismo, dentro del documento del Centro Tepoztlán se expone que “en el caso de las empresas formales se deben establecer todas las medidas económicas, legales y administrativas necesarias para apoyar su permanencia y evitar el despido de trabajadores y su consecuente pérdida de acceso a los servicios de seguridad y protección social”.
Además se urge a una mayor participación de todas las secretarías federales, al considerar que el enfrentarse a la pandemia demanda una estrategia integral sobre los múltiples riesgos que esta genera; por lo que también debe garantizarse una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno. “La estrategia debe comprender a la hacienda pública, la salud, la economía, la cultura, la seguridad personal, jurídica y social”.
Por otro lado, piden garantizar la entrega de recursos, equipos y suministros al personal de salud, seguridad y apoyo de diversos tipos, que se encuentra en contacto directo con la población y, por ende, con mayor riesgo de contagio.
Al igual, se propone desarrollar capacidades estatales, sociales y empresariales para producir a cambio de remuneración, mascarillas, desinfectantes, equipamiento y vestimenta, guantes y todo tipo de materiales necesarios para la protección de las personas y del personal de salud.
Por el Centro Tepoztlán, A.C, el documento lleva la firma de Clara Jusidman Rapoport (Presidente), Claudia Schatan Pérez, David Ibarra, Edmundo Berumen, Eduardo Terrazas, Elena Sandoval, Eugenio Anguiano Roch, Félix Cadena, Fernando Cortés, Francisco Suárez Dávila, Francisco Valdés Ugalde, Graciela Salazar, Guillermo Knochenhauer, Héctor Barragán Valencia, Isidro Morales Moreno, Javier Matus Pacheco, Jorge Alberto Schiavon Uriégas, Jorge Máttar Márquez, José Luis Valdez Ugalde, Juan Eibenschutz, Julieta Quilodrán, Karen Kovacs, Lourdes Arizpe, Manuel Ordorica Mellado, Margarita Flores de la Vega, María Enriqueta Cepeda, Mauricio de María y Campos, Miguel Basáñez, Norma Samaniego, Olga Pellicer, Pablo Mulas, Pedro Hot, Rafael Pérez Miranda, Ramón Carlos Torres Flores, Rayo Angulo Sánchez, Ricardo Solis, Rodolfo Becerril Straffon, Rolando Cordera, Rosa María Ruvalcaba, Rubén Octavio Aguirre Pangburn, Susana Chacón, Ulsía Urrea Mariño y Úrsula Oswald.