El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Juan Pablo Gómez Fierro, concedió un amparo a seis empresas contra las modificaciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo.
Mientras que el Gobierno federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.
De acuerdo con La Jornada, Gómez Fierro consideró discrecionalidad en acceso a la red, lo que transgrede el marco constitucional sobre dicha industria y amenazas al medio ambiente.
“Con el fin de no generar un vacío normativo, se precisa que las autoridades responsables deberán continuar aplicando el régimen previsto en la Ley de la Industria Eléctrica vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto combatido”, consideró Gómez Fierro.
El amparo deja sin efectos los artículos 3, fracciones V, XII y XIV, así como el 4, fracciones I y VI; el 26; 53; 101; 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II, además que se adiciona la fracción XII Bis al artículo 3 del Decreto por que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE.
Aseguró que las normas reclamadas modifican los principios que sustentan la política energética reconocida en la Constitución en la reforma de 2013 y que estaban previstos en el texto original de dichos preceptos.
Y añadió: “al dar prelación al despacho de energía proveniente de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, (…) se otorga una ventaja comercial o mercantil a favor de la mencionada entidad que desplaza del mercado a centrales eléctricas que podrían resultar más eficientes, lo que significa también privar a los consumidores de la oportunidad de contar con tarifas eléctricas más accesibles”.
Dijo que también se beneficia a centrales de la CFE, que operan con uso de combustibles fósiles, y representan mayores costos de producción en comparación con centrales que operan a partir de fuentes limpias.
cmo