Documentos públicos consultados por La Silla Rota, revelan que la empresa G.S.E.K 9, encargada de garantizar la seguridad durante el partido de futbol, entre los equipos Querétaro y Atlas el pasado fin de semana, laboró sin contar con un contrato vigente.
Los expedientes verificados por este medio de comunicación, muestran que el contrato S.S.C./S.S.P./394 entre el gobierno estatal y la empresa fue avalado por el exgobernador Francisco Domínguez Servién y aprobado por el ex secretario de Seguridad Pública Ciudadana de Querétaro, Juan Marcos Granados Torres, quien en octubre pasado fue nombrado “asesor de políticas públicas” del gobernador Mauricio Kuri González.
Horas después de los sucesos en el estadio Corregidora del pasado fin de semana, la empresa G.S.E.K 9 borró la página de Facebook a través de la cual ofrecía sus servicios. De acuerdo con las publicaciones en la red social. En los post que se subieron en el perfil, había anuncios en los que ofrecían 300 pesos por laborar en su empresa.
G.S.E.K 9 nunca contó con un dominio público en Internet a través del cual se ofrecieran sus servicios. Solo a través de la red social de Facebook ofertaba sus servicios, sin embargo, tras los hechos del pasado fin de semana, dieron de baja su página.
El pasado fin de semana la violencia al interior del estadio Corregidora originó, por lo menos, más de 20 personas lesionadas, algunas de ellas se encuentran convalecientes, e incluso, una de ellas perdió un ojo por las contusiones en su rostro.
Hasta el momento, los incidentes registrados durante la tarde del pasado sábado, y retomados por medios de diferentes medios de comunicación de otros países, siguen impunes. No hay detenidos. El gobierno estatal asegura que hay 15 órdenes de captura, ninguna de ellas sin cumplimentar.
La violencia registrada el pasado fin de semana llevó a usuarios de redes sociales, a diferentes equipos de futbol, a comentaristas de deportes, artistas, así como a políticos a expresar su inconformidad por los sucesos dentro del estadio, así como en el campo de futbol.
EL CONTRATO
Los documentos consultados por La Silla Rota muestran que el contrato entre G.S.E.K 9 y el gobierno del estado de Querétaro fue hecho para que la empresa diera sus servicios durante un año.
El convenio, de acuerdo con los documentos públicos, fue suscrito por Susana Pantoja Luna y el gobierno estatal el 6 de febrero de 2021 y la fecha de conclusión específica el 6 de febrero de 2022.
El contrato entre G.S.E.K 9 y el gobierno de Querétaro, de acuerdo con el folio: B-35380, menciona: “Por acuerdo del MVZ. Francisco Domínguez Servién. Gobernador Constitucional de Querétaro, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 19 fracción XIII Y 33 fracción XVI de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se hace constatar que la empresa Pantoja Luna Susana ha quedo inscrita dentro de padrón de prestadores de servicios de seguridad privada en el Estado de Querétaro, en razón de haber satisfecho los requisitos legales aplicables en las modalidades de servicio”.
De acuerdo con el documento, los servicios de la empresa G.S.E.K 9 son: “vigilancia en inmuebles, traslado y protección de personas; vigilancia en eventos masivos”, así como otras responsabilices que fueron testadas en el documento, a pesar de que la Ley de Transparencia obliga a las autoridades municipales, estatales y federales a hacer públicos los contratos.
El contrato entre ambas partes especifica: “La presente autorización es nominal e intransferible: NO AUTORIZA LA PORTACIÓN O UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. Debiendo el prestador de servicios de seguridad privada, acatar lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, así como las demás disposiciones legales aplicables”.
La Silla Rota consultó a la empresa Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), comentó que la regulación de las empresas corresponde a las autoridades de Protección Civil, municipales y estatales.
Antes de un evento de esta magnitud, como lo del fin de semana, se tiene que constatar la infraestructura, que es las medidas seguridad, como salidas de emergencias, pasillos de evacuación, que haya salidas en caso de sismos, control de acceso, cámaras de circuito cerrado, puertas con resistencias seguridad y control para garantizar la seguridad
De acuerdo con AMESP, toda empresa debe tener, por lo menos, el registro del estado donde se dan los servicios. En caso de prestar servicios en más de dos entidades, debe avalar el gobierno federal.
Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada asegura que, en ninguna de las cláusulas entre autoridades estatales y federales con empresas privadas, se especifica la contención de personas en caso de un incidente mayor, por lo que es necesario que se regule la ley para detallar las responsabilidades de autoridades estatales y las empresas de seguridad privada.
En la planeación, el dueño de la instalación, protección civil, así como el orden público dialogamos antes de cada evento masivo. Es una responsabilidad compartida, nos regulan las autoridades estatales en las que se incluyen nombres, así como huellas dactilares entre otros datos que debe tener Seguridad Pública del estado. Ellos deben de tener un número de registro, así como el número de personal a asignar para la seguridad de un evento
“La ley de Seguridad Privada nos regula con base al año 2006. Hay muchas áreas en las que el Estado no tiene capacidad. Nosotros, como una empresa responsable, pedimos que se actualicen y se deslinden responsabilidades en seguridad privada, como es blindaje arquitectónico, perimetral, o algo tan simple, como cibernética. Pedimos erradicar a todas las empresas patito que no tienen registro”.