Cuernavaca, Morelos 4 de abril de 2017 (WDC).- Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció la transparencia y apertura del gobierno del estado de Morelos, que encabeza Graco Ramírez, para realizar un diagnóstico sobre el avance y retos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
“Morelos fue uno de los primeros estados en implementar el nuevo SJPA, la apertura y voluntad política del gobierno fue esencial para realizar este proyecto, ojalá y otros estados de la república estuvieran dispuestos a abrir su puerta y realizar este diagnóstico”.
Al presentar los resultados preliminares del proyecto “Evidencias para Entender la Crisis en la Justicia Penal Mexicana”, Pardinas comentó que algunos gobiernos no han querido colaborar con este tipo de ejercicios, “nunca ha habido rechazos explícitos, más bien aplican la de no nos llames, nosotros te llamamos o la ley de hielo que no te responden”.
El NSJPA en comparación con el viejo sistema, hay un incremento en la garantía, conservación e integridad de la evidencia, en el caso de homicidio destaca de 11 por ciento a 39 por ciento; el 77 por ciento de los casos la policía informa el cómo, cuándo y dónde ocurrió el delito de homicidio, en el anterior sistema 2 dos por ciento.
Con el nuevo sistema existe un incremento generalizado en las pruebas realizadas en la investigación de delitos de homicidio y robo, especialmente en criminalística de campo, fotografía y química forense.
También en el proceso de investigación, como resguardo del lugar de los hechos – en el caso de homicidio de 4 a 18 por ciento y en búsqueda de testigos.
Sobre los derechos de la víctimas, se brinda asesoría jurídica y ésta incrementó de uno a 30 por ciento en el caso de homicidio y, en robo de 11 a 29 por ciento.
En el 100 por ciento de los casos del NSJP, se informaron sus derechos al probable responsable de robo y homicidio, también un incremento al informar el motivo de su detención.
Por su parte Ricardo Corona, director jurídico del IMCO, reconoció la disposición del gobierno de Morelos para aceptar las recomendaciones derivadas del análisis, con el objetivo de poner fin a la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia penal.
Destacó que en materia de justica y prevención del delito, en la administración de Graco Ramírez, se han invertido 900 millones de pesos tanto en ingresos federales como estatales, “tan solo en infraestructura se han destinado más de mil 300 millones de pesos”.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio exige mejorías en la seguridad pública, la procuración, la defensoría pública y la reinserción social, y en Morelos se construyó y puso en marcha el Centro de Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación y Comando (C5); los cuarteles de Alpuyeca, Tepalcingo, y Tres Marías; módulos de seguridad; el Centro de Justicia para Mujeres, los juzgados orales de Jojutla, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.
Asimismo, el nuevo edificio del Instituto de la Defensoría pública, el edificio de la Unidad de Medidas Cautelares, las oficinas de Reinserción Social, y el Servicio Médico Forense.
Para optimizar el trabajo de los servidores, actualmente se cuenta con una plantilla de 168 peritos y ya se contrata a 48 más. En Ministerios Públicos hay una plantilla vigente de 286 y se contratan otros cien.
También ya existe un Consejo Estatal de Seguridad Publica, conformado por instituciones federales, estatales, municipales y la sociedad civil, desde el cual se puede designar un ente que audite y dé seguimiento a la implementación y desempeño del nuevo modelo de justicia penal, según las recomendaciones derivadas del estudio.
Morelos ha logrado avanzar en los últimos años en el cumplimiento de los principios de concentración, contradicción, continuidad, inmediación, oralidad y publicidad en el Sistema de Justicia Penal. De hecho, el IMCO destaca que en los expedientes con detenido no hay evidencia de violación a la presunción de inocencia.
Con el trabajo conjunto, en el estado se da a la tarea de consolidar el Sistema de Justicia Penal con evidencias de política pública, cuyo fin es poner terminar con la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana.