El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a todas las dependencias del gobierno federal a liquidar todos sus fideicomisos sin estructura orgánica, para así centralizar todos los recursos en la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, lo cual ocurrirá a más tardar el 15 de abril.
Este decreto fue publicado la noche del jueves en el Diario Oficial de la Federación y ahí se ordena a dependencias federales y Tribunales Agrarios a extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
Se trata de recursos acumulados en secretarías de Estado, en su mayoría, en sexenios anteriores y no se le había utilizado.
Se podría llegar a echar mano de hasta 300 mil millones de pesos de “guardaditos” creados por diferentes dependencias en otras administraciones, señalan fuentes gubernamentales citadas por Reforma.
“Si nos hubiésemos gastado todos nuestros ahorros, no tendríamos ahora de qué echar mano. ¿Cuáles son los ahorros? Fideicomisos, fondos que cuidamos, ahora podemos usar esos ahorros”, lanzó.
Sin dar detalles de los usos de los recursos, el decreto señala que “la la Administración Pública Federal se conduzca con Austeridad Republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
El Economista señala que, de acuerdo a finanzas públicas, había 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos hasta el 30 de diciembre del 2019, en los que se concentran hasta 740,572 millones de pesos.
En el caso de la Secretaría de Salud, la dependencia tiene a su cargo el Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud, que a diciembre del 2019 contaba con 105,873 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda contaba con al menos 158,543 millones de pesos, ya que es del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
El decreto entra en vigor este viernes y establece que los ejecutores del gasto tendrán que abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales a estos instrumentos.
Quedan excluidos del decreto aquellos instrumentos cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
(Luis Ramos)