La impunidad y la falta de prevención son dos factores que agravan la crisis de desaparición de mujeres en México, señala Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad.
Para la experta, es necesario ver que las desapariciones no son un fenómeno aislado, “no suceden en un vacío, sino que a medida que aumentan los niveles de violencia en el país, los homicidios, la trata de personas, el secuestro y otros delitos aquéllas también se incrementan”.
Ansolabehere comenta que las desapariciones de mujeres no están aisladas de la violencia, por lo que en la medida en que éstas no se contengan, seguirán sucediendo. También es importante ver cómo se investigan: “estos casos se investigan como si fueran únicos, no como si tuvieran relación, incluso cuando suceden en el mismo municipio, en zonas parecidas, es como si sucedieran en una entidad federativa o en un municipio donde no desaparece gente”.
Lo anterior “lleva a que no se hagan diligentemente las investigaciones. Si en cada caso empezamos de nuevo y no hay aprendizaje y análisis de dónde desaparecen las personas o cómo se les encuentra, entonces continuamos haciendo las cosas como hace tiempo, cuando no tenía la magnitud actual”.
CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO
Según el Reporte Semestral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas del gobierno de México, del 1 de enero al 30 junio de 2021 “las mujeres representan 24.70 por ciento de las personas desaparecidas, pero si sólo tomamos a las personas menores de 18 años, las niñas y mujeres adolescentes representan 55.3 por ciento y la mayoría de ellas tiene entre 10 y 17 años”, precisa la investigadora.
Para Ansolabehere la desaparición de mujeres tiene características de género, “se les desaparece por ser mujeres. Muchas veces lo hacen personas cercanas, su pareja sentimental o familiares, o también las toman como botín de guerra en las disputas territoriales”.
IMPUNIDAD Y FALLAS EN EL DEBIDO PROCESO
“Me parece que lo que hay que ver son las estructuras o barreras que están impidiendo la investigación –comenta la especialista–; hay más de tres mil recomendaciones internacionales a México por temas de Derechos Humanos, muchas de ellas dirigidas al sistema de procuración de justicia.
“Lamentablemente, la impunidad es casi absoluta y las barreras de acceso a la justicia por parte de las familias son muy altas y graves. Hay honrosas excepciones, como en Chihuahua, donde hay más investigación. En el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad hemos nombrado a este fenómeno el embudo de la justicia. Si entramos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay casi 99 mil 600 personas desaparecidas y, de acuerdo con los censos de procuración de justicia que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hoy no llegan a dos mil las carpetas abiertas por desaparición forzada. Hay 35 sentencias y aunque no todo es desaparición forzada, porque se puede reclasificar, los niveles de impunidad son prácticamente absolutos”, apunta la especialista.
EMERGENCIA
Cuando se ven los números de la impunidad se debe pensar que el sistema de justicia no está funcionando con la diligencia que tiene que hacerlo. “O quizás que no es un problema de una magnitud tal que se debe modificar la manera de hacer las cosas. En el momento de la emergencia hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Y estamos en una situación de emergencia”.
PASOS A SEGUIR
Sobre lo que podría ayudar para comenzar a solucionar el problema, la experta señala que es necesario analizar el contexto, cambiar la forma de investigar. “Ya está en la ley, fue un logro por el que lucharon las familias de los desaparecidos. Hay que hacer un análisis significativo del contexto, no para cumplir con un machote, sino tener gente que sepa analizar información y contar con información relevante”.
Otro paso importante es la prevención: “No podemos ir como ambulancias, sólo recogiendo víctimas, tenemos que prevenir. Que haya programas y planes que vayan a las causas y empiecen a ponerle un freno”.
kach