A pesar de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el Congreso de la Unión “es muy fructífero”, la realidad es que la 65 Legislatura trabajó a marchas forzadas en su primer año.
En su informe de labores, en Minatitlán, Veracruz, Gutiérrez Luna enlistó que todos los grupos parlamentarios presentaron un promedio de 2 mil iniciativas de ley, más de mil puntos de acuerdo y que solo se aprobaron 150 dictámenes.
Pero, en su primer año de sesiones ordinarias, la 65 Legislatura ha trabajado principalmente al ritmo que marcó la coalición legislativa de la 4T. De septiembre a noviembre de 2021, se legisló solamente el Paquete Económico para 2022 que propuso el Poder Ejecutivo y que se compuso de mayores recursos a los programas sociales que otorga el gobierno federal, así como el pago de pensiones.
De forma paralela, la discusión política se centró en la reforma eléctrica a nivel constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso en octubre; en el último trimestre de 2021 la bancada de Morena se sumió en negociar con los votos necesarios para aprobar esta reforma presidencial y lograr dos terceras del voto de los diputados en el pleno legislativo para su aprobación.
No lo consiguieron. Para ganar tiempo, Morena presentó una propuesta para realizar parlamentos abiertos con especialistas para analizar la propuesta de López Obrador. Al mismo tiempo, desde sus conferencias mañaneras, el mandatario llamó a legisladores del PRI a avalar su iniciativa y no obedecer a su dirigente nacional y diputado, Alejandro Moreno, quien llamó a votar en contra.
En enero 2022 se realizaron dichos parlamentos; en febrero y marzo continuó el cabildeo de Morena; por momentos trascendió que la negociación de la 4T por los votos requeridos sería directamente con gobernadores del tricolor y no con Alito Moreno.
En abril el tema fue llevado al pleno legislativo, después de Semana Santa. La iniciativa presidencial fue rechazada y Morena inició un “ajuste de cuentas” contra Alito Moreno, a través de su gobernadora en Campeche Layda Sansores y la fiscalía estatal que encabeza Renato Sales.
En 4 meses, ella reveló diversos audios que, afirmó, le hicieron llegar; y en los cuales presuntamente el dirigente nacional del PRI refiere diversas irregularidades en negocios personales, entre otros.
El tema escaló consecuencias en el Congreso. Sales presentó el 16 de agosto una solicitud de juicio político en su contra y la bancada de Morena pidió su remoción de la Comisión de Gobernación.
Estos factores han abonado en general a una parálisis legislativa, además de las otras reformas que López Obrador envió al Congreso y que no han sido aun dictaminadas por requerir modificaciones a la Constitución. Se trata de concretar el paso de la Guardia Nacional a la Defensa y la reforma electoral por la que la Jucopo ha realizado a la fecha más de 20 parlamentos abiertos para su análisis y discusión.
Las demás iniciativas que envió el mandatario son para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública para permitirá que al Secretaría de la Función Pública participe en materia de compras en el sector público internacional; otra es para la protección del espacio aéreo mexicano plantea interceptar aviones operados por el crimen organizado. Ambas no han sido dictaminadas.
Esta parálisis legislativa de tipo político podría verse afectada frente al anuncio de la alianza parlamentaria Va por México (conformada por PRI, PAN y PRD) que ya anunció su voto en contra.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, adelantaron su respaldo a Alito Moreno. En este contexto el gobierno capitalino anunció hace dos semanas que en la investigación que realiza contra el cartel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX, podría estar vinculado Romero por lo que no descartó la posibilidad de interponer una solicitud de juicio de desafuero por este caso.
De llevarlo a cabo, dos coordinadores parlamentarios de esta alianza legislativa estarían en riesgo de desafuero lo que afectaría más los últimos dos años de la 65 legislatura.
Otro dato relevante en el primer año de trabajo legislativo es el que reporta el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal) que reportó que 32 legisladores pidieron licencia y 15 cambiaron de grupo parlamentario.
Los datos desglosados arrojan que en el primer periodo de sesiones se solicitaron 16 licencias, en el segundo 12; mientras que durante el primer receso fueron 3 y en el segundo solo uno.
Los cambios por grupo parlamentario, aunque solo reflejan números, son en realidad resultado de negociaciones políticas que modifican las votaciones en el pleno y/o los trabajos parlamentarios al aumentar o reducir el número de integrantes por bancada.
Por ejemplo, en el primer periodo de sesiones 7 legisladores cambios de grupo parlamentario 5 de los cuales fueron de Morena; en el segundo fueron otros 7, 3 de ellos diputados petistas y 2 legisladores de Movimiento Ciudadano. En el primer receso solamente hubo un cambio en el PRD y en el segundo no se registró ninguno.
LA NEUTRALIDAD APOLÍTICA
Los temas de perfil social no se vieron afectados por la polarización y el encono político. Así, la Cámara de Diputados registró consensos para aprobar dictámenes en materia de género y equidad.
En febrero aprobó el dictamen para derogar la asignación automática de la guarda y custodia de niños y niñas menores de 7 años a sus madres en caso de divorcio. El principal argumento fue que “el otorgamiento de guarda y custodia de niños y niñas, menores de edad, no deben basarse en prejuicios de género, sino bajo el interés superior de la niñez”.
Un mes después aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocida como Ley Ingrid; se reformó el artículo 225 del Código Penal Federal para prevenir y erradicar la revictimización y castigar de manera ejemplar, la discriminación y estigmatización contra las mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de algún delito.
Las sanciones aprobadas son de 4 a 10 años de prisión, y una multa de 100 a 150 días, al que por cualquier medio fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima.
En abril, a la par de que se dio a conocer el caso de Debanhi Escobar en Nuevo León, los legisladores modificaron el Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. Y establecieron en el artículo 137 que un agresor no podrá obtener libertad condicionada si cometió dicho delito, ni solicitar libertad anticipada ni sustitución de pena.
También aprobaron una reforma para sancionar con cárcel el matrimonio forzado de niños, niñas y adolescentes y establecer la imprescriptibilidad de las sanciones impuestas a quienes cometan el delito de “cohabitación forzada” con menores de 18 años o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. Y con sanciones que van de 8 a 15 años de prisión y una multa de entre mil y 2 mil 500 días. La pena aumentará hasta en una mitad cuando se trate de personas indígenas.
Además, se aprobó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, se modificó la Ley de los Derechos de Personas de Adultas Mayores, Niños y Adolescentes; así como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.