Amnistía Internacional pone a México al nivel autocrático de Rusia y El Salvador

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La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional pidió a los legisladores mexicanos desechar la reforma impulsada por Morena, que impediría a organizaciones civiles dejar de recibir donativos del extranejero o realizar actividades de cabildeo y litigio estratégico.

“Esto restringe severamente el trabajo de los grupos de la sociedad civil en México y violaría las obligaciones legales internacionales de México”, apuntó la organización.

Tamara Taraciuk Broner, directora interina de las Américas para Human Rights Watch señaló que la iniciativa de ley es un intento de expandir el poder ejecutivo a expensas de las libertades fundamentales, patrón que se ha visto en líderes autocráticos de países como Rusia, Nicaragua o El Salvador.

“Las narrativas tóxicas de México demonizan a las ONG con la intención de silenciar las opiniones críticas e inhibir la capacidad de los derechos humanos para examinar a las instituciones del Estado”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la Amnistía Internacional.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS ONG EN MÉXICO?
Guevara Rosas detalló que la función de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos es la de denunciar leyes y prácticas gubernamentales injustas, además desafían a quienes están en el poder.

 

Añadió que la defensoría y promoción de los derechos humanos en México, las organizaciones desempeñan un papel clave, pues presionan al Congreso para que se realicen cambios legislativos e impugnan leyes abusivas en los tribunales.

¿CÓMO AFECTARÍA LA INICIATIVA DE LEY A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS?
De acuerdo con las especialistas, esto impediría que las ONG participen en debates sobre políticas públicas, continúen con las impugnaciones y discutan el mejoramiento de derechos con los legisladores.

La iniciativa plantea que las organizaciones que tengan financiamiento directo o indirecto de otros gobiernos o corporaciones extranjeras no puedan influir o cambiar las leyes mediante cabildeo o litigios estratégicos.

Además, de aprobarse la iniciativa de ley, el gobierno tendría la autoridad para revocar el estatus sin fines de lucro de las organizaciones que violen la prohibición.

Esta propuesta fue impulsada por la morenista Reyna Celeste Ascencio, integrante del partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien considera que estas organizaciones, organismos autónomos, periódicos, periodistas y defensores de derechos humanos están financiados por grupos opositores a su gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha catalogado como intervencionismo.

 

“¿A él qué le importa? y México no es colonia de nadie”, son algunas de las frases que el mandatario ha emitido cuando organismos internacionales lanzan peticiones y críticas ante las violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante su mandato.

La más reciente fue la discusión entre el Parlamento Europeo y el gobierno de AMLO. Los eurodiputados pidieron al presidente que frenara la retórica populista contra la prensa y garantizara protección, puesto que recientemente México fue declarado como el país no en guerra más peligroso para ejercer el periodismo.

El mandatario respondió reiterando que México dejó de ser colonia desde hace muchos años y no debían intervenir en su gobierno, incluso los llamó “borregos” de una estrategia reaccionaria y golpista de opositores a la Cuarta Transformación que su gobierno lidera.

 

¿EN QUÉ OTROS PAÍSES OCURRE ESTO?
Amnistía Internacional documentó que Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Rusia, Egipto y China son otros de los países que han implementado el mismo “freno” a través de leyes para las organizaciones de derechos humanos.

En todas ellas las prohibiciones son las mismas, en caso de recibir financiamiento extranjero, las ONG no pueden influir en políticas internas, al considerar “injerencia política”, de “traidoras a la patria” o de “delitos contra la soberanía nacional”.

Cabe resaltar que la mayoría de las organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos no cobran por las labores que realizan y se sostienen de donativos.

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