La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, afirmó que, de acuerdo con la información que cuenta el Poder Judicial, hay más de 3 mil 500 mujeres presas en todo el país por acusaciones relacionadas con el aborto, cifra de la que es necesario advertir que existe un subregistro.
“Hemos recibido información sobre estos procesos y nos hablan más de 3 mil 500 mujeres sujetas a procesos de investigación y procesos penales con relación a este delito de aborto, en todo el país. En este tipo de delito consideramos también que existe una cifra negra que no se conoce, en relación con cuántas mujeres han abortado y cuántas han sido las denunciadas. Podemos tener la estadística de la denuncia, pero saber cuántas en realidad han tomado esta decisión es muy difícil”, afirmó.
En entrevista con la Mesa de Opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota, la ministra explicó que, en el caso de las mujeres que actualmente se encuentran presas por decidir abortar, existe la posibilidad de que su defensa legal aproveche la declaratoria de inconstitucionalidad para obtener la libertad de sus representadas.
Dependería de cada uno de los casos, analizar cada uno de los procesos y cómo se encuentren; sin embargo, se pueden promover amparos y tomar este precedente para efecto de solicitar su libertad o solicitar que no continúe el proceso
“Este precedente se puede utilizar en cualquier amparo, porque es algo que acaba de emitir la Corte y lo puede hacer valer la defensa de la mujer que esté sujeta a un procedimiento penal o que se encuentre, inclusive, privada de su libertad”, explicó.
De acuerdo con la ministra, la Corte tomó esta decisión debido a que consideraron que la norma que penaliza el aborto es inconstitucional y, también, inconvencional, debido a que no corresponde a los diversos tratados y compromisos internacionales que México ha firmado.
Es por eso que, para cumplir con el mandato constitucional de que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, es necesario que se armonicen las diversas leyes y normas a nivel nacional.
Esquivel recordó que, actualmente, son cuatro los estados en los que despenalizaron la interrupción voluntaria del embarazo y adelantó que, poco a poco, se avanza en el mismo camino para el resto del país.
En 2007, la Ciudad de México despenalizó el aborto; luego fue Oaxaca, en 2019; después Hidalgo, en julio de este año; y Veracruz también en julio de este año. El resto de las entidades federativas sí contienen una sanción con relación a la mujer que decide interrumpir el embarazo. Ahora se invalida en Coahuila y esto genera este precedente importante que deberá aplicarse en todo el país”, afirmó Esquivel
La ministra explicó que el objetivo de estas decisiones no está relacionado con la promoción del aborto, sino con una defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
También afirmó que se deben garantizar otros derechos sexuales y reproductivos, como la educación sexual y el acceso a anticonceptivos, para que la interrupción del embarazo sea la última opción que tenga una mujer, que no se embarazó en el uso de su autonomía.
“No es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino también es una responsabilidad de la sociedad que, en algunas ocasiones, limita a las mujeres y a las niñas para acceder a la información sobre la salud sexual y reproductiva y utilizar los servicios de atención médica cuando se requieren”, afirmó la ministra.
Yasmín Esquivel recalcó que es necesario avanzar en que la mujer cuente “con verdadera autonomía financiera”, para no depender de las decisiones de alguien más, “autonomía para tomar decisiones, en relación con el desarrollo de su vida y autonomía física”, para decidir tener hijos o no.
Por ello, afirmó Esquivel, “es urgente hacer hincapié en la información y la educación sexual de las niñas y mujeres”.
Es en ese contexto, en el que la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir sus embarazos en Coahuila, constituye una decisión histórica –dijo–, que garantiza los derechos de las mujeres. También afirmó que las mujeres del país, estén en donde estén, tienen, en las ministras de la Suprema Corte de Justicia, “a una aliada” para defender sus derechos.
“En nosotras tienen una aliada, trabajaremos con todo para defender los derechos de las mujeres, sean las mujeres todas, estén donde estén, en cualquier lugar. Vamos por los derechos de todas y en nosotras tienen una aliada”, afirmó.
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