Rosario Robles: “AMLO sabe que soy inocente pero represento un obstáculo”

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En los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela comenzó a operar, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) entre 2019 y 2020, surgió esta empresa.

Se trata de ocho empresas mexicanas ubicadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México que utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.

De acuerdo con los registros de comercio exterior, consultados por MCCI, las empresas señaladas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes a unos mil 200 millones de pesos.

Esa estructura de importadoras sustituyó a la que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro- actualmente preso en Estados Unidos- y Samark López Bello.

Entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) habían intervenido en la compra de alimentos a diez empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).

Las operaciones de esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que se evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al gobierno de Venezuela con sobrecosto.

Ante ello surgió una nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela, a través de importadoras que han sido señaladas de servir como intermediarias de empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Entre las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras están cuatro establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela, y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del exalcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.
LA DETENCIÓN DE SAAB

En junio de 2020, el nombre del empresario colombo-venezolano Alex Saab le dio la vuelta al mundo, cuando los medios informaron sobre su captura en Cabo Verde y su extradición a Estados Unidos; en México, un joven empresario fue vinculado con el entramado de empresas y sus cuentas ya fueron congeladas en México y Estados Unidos.

Saab es acusado de lavar dinero en nombre del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por medio de un extenso esquema de corrupción que salió a la luz con los Pandora Papers. De acuerdo con información en Estados Unidos, Saab y sus cómplices transfirieron alrededor de 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países.

En octubre de 2021, más de un año después de su detención, Cabo Verde finalmente extraditó a Saab a Estados Unidos. El empresario ahora enfrenta un juicio que tiene la atención internacional, ya que en él se podrían evidenciar vínculos de Maduro con esta red de corrupción.

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró este 31 de octubre que sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano en México, se presentaron cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 25 sujetos involucrados.

Se bloquearon más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares, detalló el funcionario mexicano.

La UIF también presentó ante la Secretaría de la Función Pública y ante asuntos internos de la FGR la denuncia contra funcionarios de la UIF y de la PGR de la administración anterior que participaron en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela.