Leonardo Octavio “N”, ex funcionario del gobierno de Guerrero, fue detenido este viernes, luego de ser señalado de los delitos de delincuencia organizada y de tejer vínculos con el grupo criminal denominado Guerreros Unidos. En el caso Ayotzinapa, aunque los reflectores no se han centrado en él, se han documentado algunas omisiones que habrían influido en la desaparición de los normalistas.
La detención se llevó a cabo este viernes 28 de octubre en Tepic, Nayarit, informó el periodista Raymundo Rivapalacio.
En septiembre de 2014, cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero era Vázquez Pérez y la dependencia a su cargo habría incurrido en distintas omisiones en torno al caso, según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), culpó el 22 de octubre de 2014, durante una conferencia, al entonces edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa y a un elemento de seguridad, así como a Guerreros Unidos de los hechos.
El Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presenta dos hipótesis sobre el supuesto origen de la organización criminal, la cual es responsable de los hechos que se registraron el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La primera versión del gobierno federal es que Guerreros Unidos surgió poco después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, el 16 de diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos.
¿Qué hizo el 26 y 27 de septiembre del 2014?
La noche del 26 de septiembre de hace 8 años, el entonces secretario recibió del comandante regional de la Policía Estatal, José Adame Bautista, un reporte de que estaban ocurriendo detonaciones y que había lesionados, pero a pesar de que los reportes fueron continuos desde que los estudiantes arribaron a Iguala, no se tomaron acciones, “la Policía Estatal decidió no intervenir en los hechos”, escribió el periodista Héctor de Mauleón en una columna publicada en noviembre del año pasado.
El comandante Adame aseguró posteriormente que el personal del C-4 le había informado que la policía de Iguala se iba a encargar de la situación, pero de esto no hay registro alguno. De lo que sí hay registro es de que Adame congregó a su gente en el cuartel estatal, “para reforzar la seguridad”, y establecer un perímetro alrededor del Cereso local.
Detalló que dicha orden salió del subsecretario Gatica Martínez, bajo el argumento que no se contaba ni con elementos ni con “condiciones para enfrentar esta situación”. Así que optó por no salir, mientras en las calles de Iguala los estudiantes eran perseguidos y privados de la libertad.
Gatica, no obstante, declaró más tarde que había actuado por órdenes de Leonardo Octavio “N”. “Por alguna razón, enterado de la situación prevaleciente en Iguala, el secretario de Seguridad Pública determinó que la Policía Estatal no actuara en la contingencia…”, se lee en un reporte de la CNDH.
La policía no actuó para proteger a los estudiantes, por el contrario, se ha asentado que algunos de sus elementos participaron en la agresión contra los normalistas, tanto en Juan N. Álvarez como en Santa Teresa.
Otras irregularidades del exfuncionario
En 2013, como subsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio fue acusado de recibir dinero del cártel de los Beltrán Leyva, narcotraficante con quien se le ha vinculado a la hermana del hoy detenido.
Notas y columnas periodísticas señalan que su nombramiento como secretario de seguridad fue a propuesta de Jesús Ernesto Aguirre, el sobrino incómodo del entonces gobernador Ángel Aguirre, “y por encargo de los Beltrán”.
El que fuera el testigo estrella del fiscal Omar Gómez Trejo, Juan, lo acusó de recibir de los Guerreros Unidos un soborno de 50 mil dólares al mes, sin embargo la credibilidad del testigo se cayó cuando se filtraron chats por el Ejército.
(djh)