Ricardo Antonio Vega Serrador, quien es conocido como el “Zar de la gasolina” y quien posee una de las más grandes colecciones de Ferraris en el mundo, fue ligado a la mafia rumana que opera en zonas turísticas de Quintana Roo, donde se dedicar a clonar tarjetas, de acuerdo al diario Reforma.
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Este personaje tiene investigaciones federales por delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y huachicol, las cuales datan de 1994. Ahora tiene congeladas sus cuentas bancarias porque está relacionado en una investigación en curso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La indagatoria trata de la banda que comanda Florian Tudor en Quintana Roo, que se dedica a instalar cajeros automáticos que clonan y vacían las tarjetas de turistas en el estado.
Desde mayo del año pasado se detectó que en México opera la mafia rumana, luego de la detención de dos sujetos de esta nacionalidad por clonación de tarjetas bancarias. Este martes, trascendió que se descubrió una red de políticos que supuestamente protegen a un grupo delictivo asentado en el estado de Quintana Roo y liderado por Florian Tudor, también conocido como “El Tiburón”. Entre ellos figura René Bejarano.
¿CÓMO SE DETECTÓ?
El pasado 24 de mayo, Fabián Balan Dumitru y Dragos Rusu, fueron consignados ante un juez penal de primera instancia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por estar en posesión de tarjetas bancarias y un escáner para guardar información de los plásticos crediticios, publicó La Silla Rota.
Con el fin de instalar un escáner, los indiciados se dirigieron a un cajero automático localizado en la calle Miguel Ángel de Quevedo, colonia Cuadrante San Francisco Coyoacán.
Los dos sujetos fueron observados por elementos policiacos, mientras forzaban la ranura del lector de tarjetas bancarias, al revisarlos se les encontró plásticos clonados y un aparato electrónico para almacenar información
Hace dos meses entraron a México, en calidad de turistas, informaron los dos detenidos quienes manifestaron ser de origen rumano.
PROTECCIÓN DE LA FGR
Un día después de la detención de los rumanos, se dio a conocer que la banda a la que pertenecen, cuenta con la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, denunciaron agentes federales.
De acuerdo con los elementos descubrieron en el caso un conflicto de interés de Camilo Constantino Rivera, jefe de Unidad en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la FGR y de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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Un hermano del funcionario de la FGR, Jesús Constantino Rivera, es escolta y abogado del grupo de Florian Tudor, identificado como el líder de la banda rumana que estafa a turistas mediante una red de cajeros.
Los investigadores federales alertaron que mientras el caso de la red de clonadores se encuentra congelado, la Fiscalía Anticorrupción aceleró las diligencias contra los agentes que indagan a los rumanos por supuestos abusos de autoridad.
Tudor y sus socios, Adrián Nicolae Cosmin y Chakib Naif Al Boustany, son investigados por el FBI por fraudes cometidos en Estados Unidos y países de Europa.
Camilo Constantino forma parte del equipo que encabeza María de la Luz Mijangos, y tiene abierto un expediente contra marinos, soldados, agentes de la FGR y hasta policías locales, por abusos contra los rumanos.
Ahora Florian Tudor es una víctima y el delegado de la FGR, Javier Ocampo García, así como otros agentes, fueron destituidos.
LA FISCALÍA SE DESMARCA
María de la Luz Mijangos, fiscal Anticorrupción de la FGR, se desmarcó de los delitos por los que fue señalada y aclaró que sólo investiga a funcionarios públicos involucrados en un cateo ilegal contra Florian Tudor.
Mijangos Borja también descartó un conflicto de interés en el caso de Camilo Constantino Rivera, titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía en el Combate a la Corrupción de la FGR, quien es hermano de uno de los escoltas de Tudor, debido a que el funcionario no revisa ese expediente.
La investigación está a cargo de Asuntos Internos de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR que encabeza Adrián a Campos. Ellos también tienen una carpeta de investigación, en la que los denunciantes son los rumanos.
La funcionaria, dijo que si los rumanos están involucrados en algún delito ese tema no corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, eso es muy importante porque parecería como si nosotros vemos los dos tipos de asuntos. Si ellos (los rumanos) cometieron algún delito eso corresponde a otra área de la propia FGR o de la Fiscalía de Quintana Roo.
Mijangos insistió en que ella tiene la denuncia debido a que el cateo fue cometido por servidores públicos.
EL MODUS OPERANDI
La organización criminal proveniente de Rumania ha saqueado millones de dólares a través de cajeros automáticos alterados que colocó en destinos turísticos mexicanos como Cancún, en la Riviera Maya, y en otras zonas como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Baja California.
Una investigación realizada en conjunto por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab, apunta a que el comienzo de esta operación se remonta a marzo de 2014, momento en el que la organización rumana, a través de la empresa fachada Top Life Servicios, obtuvo un contrato con Banco Multiva para instalar estos cajeros automáticos marca Intacash.
“Algunas de las tarjetas clonadas en México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán”, apuntó la investigación.
La estafa se extendió hasta mediados de 2019, por lo que el monto de lo robado a través de dichos cajeros podría sumar hasta mil 200 millones de dólares.
La banda solía usar servicios como Western Union y Moneygram para blanquear su dinero en efectivo o, como en el caso de las detenciones en Barbados, para asistir a su gente en aprietos. Empleaban a gente cualquiera para enviar o recibir cantidades relativamente pequeñas de dinero y así no hacer saltar las alertas anti-blanqueo.
(Luis Ramos)