En la época contemporánea nunca se había experimentado algo así, millones de habitantes de decenas de países permanecen en sus hogares, mientras otros luchan por sobrevivir ante la escasez monetaria que requiere cubrir todas las necesidad día con día.
Sin duda, la pandemia del covid-19 nos ha conmocionado a todos, sin importar las clases sociales, preferencias sexuales ni color de piel. No obstante, aunque de la peor forma, nos ha dejado una serie de reflexiones de claroscuros en el ámbito legal, las cuales han sido analizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), en su texto EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 Reflexiones desde el derecho (I), coordinado por Nuria González Martín.
El equipo de expertos, que integran en esta primera parte del documento, analizó las consecuencias y las proposiciones lanzadas desde diferentes áreas del conocimiento jurídico ante la emergencia sanitaria que implica el paso del coronavirus en el país.
LAS DURAS LECCIONES DEL COVID-19
Sin duda, el centro de atención durante esta pandemia ha sido la Organización Mundial de la Salud (OMS), al esperar recomendaciones, críticas e incluso adelantos de lo que se nos avecina.
Aunque la OMS es competente para adoptar reglamentos sobre “requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propagación internacional de enfermedades”, desde 1969 se adoptó el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), cuyo objetivo general consiste en prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas, controlarla y darle una respuesta de salud pública.
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Sin embargo, de acuerdo con el apartado del documento titulado “Los retos de la Organización Mundial de la Salud. Lecciones del brote de COVID-19”, escrito por Virdzhiniya Petrova Georgieva, la OMS toma decisiones en materia de salud con fundamentos esencialmente políticos a pesar de su orientación técnica y científica.
En una brote sanitario, los países integrados a la OMS le deben notificar el caso con información oportuna y detallada sobre las medidas sanitarias aplicadas en su territorio para que un comité de emergencias compuesto por expertos decida si declara la existencia de una emergencia y pueda emitir recomendaciones para evitar la propagación internacional.
Y aunque a través del RSI se han declarado cinco emergencias de salud pública de importancia internacional (el virus zika en 2016, ébola en 2014, poliovirus salvaje en 2014 y la gripe A H1N1 en 2009), la declaración de emergencia del coronavirus -hecha el pasado 30 de enero de 2020- no fue hecha a tiempo a pesar de contar con pruebas científicas, por lo que fue retrasada, según el documento de la UNAM, por una deferencia política excesiva hacia el Gobierno de China.
Además, se reflejó una debilidad de la OMS al no contar con una implementación más amplia y en conjunto sobre los derechos y obligaciones de los Estados en materia de control y prevención de enfermedades contagiosas.
Por ejemplo, a pesar que la OMS no sugería cerrar fronteras, cada gobierno decidió imponer un control de viajeros, lo que provocó incluso prácticas de discriminación, xenofobia y racismo.
Sin embargo, no directamente quiere decir que la OMS no opere adecuadamente, ya que su presupuesto no es suficiente para responder a las crisis sanitarias y a las emergencias de salud de importancia internacional.
De acuerdo con el estudio, el presupuesto de salud de Estados Unidos para 2020 es de 87 mil millones de dólares y el de toda la OMS para 2020-2021 es de 4 mil 840 millones de dólares, de los cuales únicamente 463 millones de dólares se dedican a la gestión de emergencias sanitarias.
¿DE QUÉ DEBEMOS CUIDARNOS?
A pesar del incremento a diario de los casos positivos de covid-19, la violencia ataca casi inmunemente a la población, pues aumentaron los homicidios y los robos a comercio.
En el apartado del estudio de la UNAM, “Pandemia covid-19 entre la salud, la violencia y la delincuencia en México. Perspectiva criminológica”, escrito por María Teresa Ambrosio Morales, señala que la delincuencia y el enfrentamiento con armas de fuego son un escenario que se espera mientras el coronavirus ataca.
Ante ello, recomienda combinar acciones sanitarias y de seguridad, pues cuando la influenza azotó al país en 2009 el índice delictivo disminuyó pero en la actualidad es urgente que se coordinen acciones con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Salud para “aplicar una perspectiva de género en protección a las niñas, adolescentes y mujeres en el tema de covid-19, pero también con relación a la violencia de género”.
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Actualmente, se observa una intervención militarizada de la salud tras la toma de fuerzas armadas a hospitales principales del país; sin embargo, se requiere un análisis criminológico para prevenir la violencia y la delincuencia en un marco de derechos humanos con perspectiva de género violencia.
¿QUÉ MÁS NOS DEBERÍA PREOCUPAR?
“Los impuestos deben aletargarse. Si se mantiene la actual política fiscal mexicana sin aplicar algún estímulo fiscal de emergencia, será como intentar cambiar un neumático a un coche en marcha. Al existir una contracción económica no hay capacidad de contribuir y no hay flujo de efectivo”, señala el apartado “Estímulos fiscales de emergencia en tiempos del covid-19”, por Gabriela Ríos Granados.
El país se encuentra con escasas medidas decretadas que protejan a la economía ante el arrastre de la pandemia; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que el próximo domingo 5 de abril, durante su informe trimestral de actividades, dará a conocer el plan de reactivación económica.
Mientras que las medidas establecidas en otros países contagiados comprenden principalmente el aplazamiento del pago de impuestos, la OCDE sugiere condonar o aplazar el pago de las contribuciones de seguridad social del empleador y los autónomos, así como eliminar o diferir los impuestos relacionados con la nómina; dar facilidades fiscales a los trabajadores de servicios médicos, la salud y emergencias; aplazar pagos como el impuesto al valor agregado (IVA), aduanas, impuestos especiales para artículos importados de primera necesidad; o diferir o ajustar los pagos anticipados requeridos de los impuestos sobre la renta (ISR) de las empresas.
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Así, en el escenario actual donde el SAT no ha dado prórroga para la declaración de impuestos de personas morales y físicas, el anuncio del mandatario resulta esperado en aras de estabilizar la economía de un país compuesto por 55.7 millones de Población Económicamente Activa (PEA) pero con una tasa de informalidad laboral de 56.2%, es decir, alrededor de 31 millones de personas no perciben salario fijo, no tienen prestaciones básicas, no pagan impuestos, o no están dentro de un sistema de salud pública.