La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 30 meses y multó por un millón 303 mil 200 pesos a la empresa Medic Solution Mapen porque presentó información falsa en un proceso de compra de mascarillas N95 que hizo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, publicó este lunes la inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que durante los siguientes dos años y medio ninguna institución podrá hacer contratos con la empresa mencionada.
De acuerdo con la SFP, la resolución del Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE se originó tras detectarse que la empresa presentó documentación falsa en un procedimiento de adquisición de mascarillas N95 para el personal que atiende a pacientes con covid-19.
Detalló que la investigación inició en 2020, luego de que se identificara que el certificado que presentó Medic Solution Mapen S.A. de C.V. en su propuesta técnica y económica, que respalda la autenticidad y calidad de las mascarillas, y que era necesario para la contratación, tenía una inconsistencia, por lo que al consultar al fabricante original, éste lo desconoció, por lo que se determinó que era falso.
La SFP explicó que al contravenir el artículo 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Área de Responsabilidades del OIC en el ISSSTE impuso a la empresa sanción de inhabilitación de 30 meses (dos años y medio) y una multa de un millón 303 mil 200 pesos.
Sandoval Ballesteros indicó que “uno de los motores más poderosos de la economía son las empresas libres de corrupción, por lo cual es indispensable la participación del sector privado, porque la integridad es obligación de los servidores públicos, pero también responsabilidad de emprendedores y ciudadanos.
“Con la sanción publicada hoy, demostramos que el acompañamiento que la Función Pública realiza a las adquisiciones gubernamentales en el contexto de la pandemia por covid-19 ha resultado en un acertado esquema de prevención de la corrupción”, enfatizó.
Asimismo, la titular de la SFP expresó que confía en que el sector privado también pondrá su parte, porque para lograr una nueva ética pública se necesita que las empresas asuman un compromiso con la integridad en beneficio del pueblo de México.
(Luis Ramos)