Infla compra de avión de lujo para Murillo Karam en PGR por 3 mdd y la enjuician

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Judith Aracely Gómez Molano, quien se desempeñara como oficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en los tiempos que era encabezada por Jesús Murillo Karam, fue vinculada a proceso por la compra inflada e injustificada de un avión de casi 20 millones de dólares para uso personal.

Murillo Karam ordenó en agosto de 2013 la compra de una aeronave Bombardier Challenger (CL 600) mediante un arrendamiento financiero con Banobras, de acuerdo a una denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), citada por Reforma.

Entre los acusados por dicha compra también se encuentra Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, ex subdirector de Recursos Materiales de Banobras y actual subsecretario de Administración en el Estado de México.

El fiscal Carlos Palafox alegó en una audiencia de 10 horas, realizada ayer lunes, que el avión tenía un valor real de 16.4 millones de dólares, pero se pagaron 19.6 millones a la empresa Aviation Enterprise.

Palafox destacó que la compra del avión no estaba justificada, ya que la PGR no necesitaba una aeronave con capacidad de realizar vuelos trasatlánticos para poder cumplir con sus funciones constitucionales de perseguir los delitos federales en territorio nacional.

«No se requiere una aeronave con ese lujo y confort para la persecución de delitos. Únicamente se utilizó para el traslado del entonces titular de la PGR, así como de sus colaboradores cercanos», acusó el fiscal.

Ayer se realizó la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente como parte de la causa penal 447/2019.

La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR acusó a estos dos exfuncionarios por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, el cual contempla una pena de hasta 12 años de cárcel.

Sin embargo, la jueza Beatriz Moguel Ancheita negó la prisión preventiva justificada para los imputados, como lo había solicitado la FGR, pero sí impuso el pago de una garantía de 100 mil pesos y una restricción migratoria para no abandonar el país.

La jueza señaló que no se tomó en cuenta el impacto de costo-beneficio de la adquisición de la aeronave, pues el arrendamiento financiero comprometió durante cinco años las finanzas de la entonces PGR.

«Se dijo que el avión tiene 11 asientos. Yo me pregunto si comprar 11 boletos en vuelo comercial no habría sido más barato que pagar más de 344 millones de pesos», lanzó la juzgadora.

La defensa de los acusados señaló que sus clientes sólo se limitaron a firmar los contratos, pues la compra ya había sido avalada por otras dependencias, entre ellas la Secretaría de Hacienda (SHCP).

«Sería ilógico pensar que una persona que tiene el cargo de oficial mayor pueda firmar a ciegas los contratos y que pueda obligar a un subdirector (de Banobras) a firmar un contrato sin revisarlo», respondió la jueza a los abogados.

(Luis Ramos)