Tres de cada cuatro contratos que otorgó el gobierno federal en 2019, se entregaron por adjudicación directa y no por licitación.
Este dato duro, resultado de un análisis que realizó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con base en información del portal gubernamental Compranet, indica durante el primer año del actual gobierno, un abuso de la facultad que le permite por ley utilizar esta figura en casos extremos.
En agosto pasado LSR abordó el tema con un avance mensual de esta investigación; y aunque en ese momento el PAN argumentó que el gobierno estaba abusando de la ley, Morena negó que lo fuera y agregó que -por el contrario-, era una facultad que la ley les permitía.
Hoy Leonardo Núñez, académico del CIDE, investigador de MCCI y autor de esta investigación, explica el contexto del tema. “El Plan Nacional de Desarrollo que publicó el gobierno plasmó como parte de sus estrategias para el combate a la corrupción, la prohibición de las adjudicaciones directas. Y el presidente López Obrador, incluso, precisó que ese era uno de los métodos favoritos para la corrupción, por abrir la puerta a triquiñuelas y colusión a alguien que no ganaría de manera normal un proceso de licitación. Pero pese a ello, tan solo en 2019 el gobierno federal otorgó 178 mil 149 contratos y de estos, el 78 por ciento se entregaron por licitación directa”, afirmó.
La investigación aporta otros datos para facilitar la comprensión del tema. El primero es que no es nuevo, pues también se detectó en anteriores gobiernos; no obstante, detectarlo también en esta administración habla de un problema de continuidad.
Por ejemplo, cita MCCI. En el último año de Peña Nieto el número de contratos otorgados por licitación directa fue del 76 por ciento; mientras que en el último de Felipe Calderón fue del 67 por ciento. “Así que el 78 por ciento es un nuevo récord en esta nueva década”, señaló Núñez. “Y aunque la ley advierte en el artículo 234 de la constitución que la adjudicación directa debería ser el método menos utilizado, la realidad indica lo contrario. Quienes lo han usado regularmente justifican casos de urgencia, pero han abusado de él como método extraordinario”.
El análisis arroja -en un desglose por contratos de ese año-, que la institución de gobierno que lidera la entrega de contratos sin licitación es el IMSS con 39 mil 927; cabe mencionar que este organismo fue encabezado en su primer período por el ex panista Germán Martínez y luego por el morenista, Zoé Robledo.
En un segundo lugar con 21 mil 458 contratos encontramos a Diconsa; y en un tercero al ISSSTE con 7 mil 122 contratos. Y -añade el estudio-, el lugar 21 es ocupado por la propia secretaría de la Función Pública con 891 contratos de un total de 971 que entregó en todo ese año. “La propia SFP presumió en agosto que las adjudicaciones directas se habían reducido en un treinta por ciento, comparado con el mismo período del año anterior; y lo que revisamos es que sus números eran correctos en el sentido del número total”, advierte Núñez.
Pero lo que dejan de reportar es lo que a nosotros nos interesa: la tasa; es decir, el porcentaje con respecto al total. Entonces ellos usan los mismos números que nosotros, que son los datos de Compranet y SHCP, pero les dan una interpretación diferente; aunque el hecho sigue siendo el mismo. Tres de cada cuatro contratos se dan por esta vía
El también académico consideró, como una propuesta para solucionar este problema de raíz, repensar la fórmula en que por ley se debe contratar todo tipo de servicios. “De nada nos sirve que el presidente presuma que todo es diferente si tenemos los mismos resultados con información oficial. Hemos tratado de abrir un diálogo con las autoridades, los números están ahí, son incontrovertibles, pero quisiéramos saber cuál es la postura de la secretaría, si habrá un intento por disminuirlas como señala el Plan Nacional de Desarrollo; o, al contrario, continuaremos con esta práctica del pasado”, explicó. “Necesitaríamos nuevas reglas y mecanismos más transparentes, porque jugar con las mismas reglas de antes, nos dan los mismos resultados de antes: sin cambio ni transformación porque no hay un combate duradero a la corrupción”.
Jacqueline Peschard, académica de la UNAM y experta en temas de transparencia, consideró que los resultados de esta investigación deberían de ser tomados en cuenta seriamente por el gobierno federal. “Desde 2010 venía bajando ligeramente la adjudicación directa un promedio de 20 puntos, y ahora que en el primer año de gobierno esta práctica prevalece en lugar de corregirse. Y el argumento del gobierno es que no importa el número de adjudicaciones directas porque las hacen personas honestas. Me parece que no puede solo fincarse el tema en buenas intenciones, ni en un bono de legitimidad política”.
Considero que el gobierno debería hacer todo lo posible para apoyarse en una organización que está empeñada en ayudar a que se combata la corrupción; que ellos supieran que hay alguien que los está viendo o vigilando. Desafortunadamente no veo posibilidad de puentes entre el gobierno y quienes lo critican. Aunque me parece, preocupa que el tema de salud esté de por medio en esto por ser un tema sensible y delicado en términos de opinión pública. Y que sea el primer lugar en asignar contratos por asignación directa, no debiera ser normal
(diego joaquín)