CIUDAD DE MÉXICO 17 DE AGOSTO DE 2022 (La Silla Rota).- A partir del 1 de diciembre de 2018 que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, se dio una comunicación intensa de construcción de confianza mutua entre el presidente de México y las fuerzas armadas, que ha conllevado a un proceso de militarización de la política, la seguridad pública y recientemente (con la Pandemia por la Covi-19) de la salud pública.
Sin embargo, la violación a los derechos humanos y la corrupción son dos de los temas que resaltan con la intervención de las fuerzas armadas en el país, pues se han cuestionado las tácticas militares empleadas en el combate a la delincuencia organizada, ya que se han reportado muchos casos de víctimas inocentes en su mayoría de la población civil.
AMLO dio marcha a su nueva estrategia de seguridad “de la guerra a la paz”, para combatir el crimen organizado (particularmente el narcotráfico) y aseguró que las fuerzas armadas son una institución del Estado “honestas, leales y eficaces”.
Como parte de su proyecto de la Cuarta Transformación (4-T) creó la Guardia Nacional en 2019, que implicó dos grandes reformas institucionales: desmantelar la extinta Policía Federal y reducir el número de efectivos de los institutos militares para transferirlos a la nueva institución.
De acuerdo con información del libro “Militares y Gobernabilidad. ¿Cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina?”, de Wolf Graberndorff Editor, Andrés Manuel López Obrador sostuvo en 2019 que México no necesitaba de fuerzas militares y que los problemas de seguridad del país los podía resolver la Guardia Nacional:
“Si por mí fuera, yo desaparecía al Ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Es decir, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército. El Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad. No lo puedo hacer porque hay resistencias –una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible– pero ya el paso que dimos fue importante”, indicó.
Detalló que “la creación de la Guardia Nacional lleva a cabo una reconversión, como hacer posible que se respeten derechos humanos, que haya un comportamiento distinto en la Guardia Nacional formada por militares y por marinos”.
Una vez conformada la Guardia Nacional, la suma de integrantes de las Fuerzas Armadas a mediados de 2020 es de 319 mil 883. De estos son fuerza operativa 191 mil 712. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional suman como fuerza operativa 148 mil 353 efectivos.
En la información proporcionada por el presidente AMLO el 19 de junio de 2020, la principal misión son las “Operaciones de construcción de paz”, a las que se destinan 81 mil 694 hombres.
Es decir, “más del 60% de la fuerza operativa militar se dedica a la guerra al narcotráfico y el respaldo a la seguridad pública”, según el libro “Militares y Gobernabilidad”.
LAS FUERZAS ARMADAS Y SU PAPEL MULTIFUNCIONAL
En México las fuerzas armadas cumplen un papel de actores multifuncionales, pues realizan diversas tareas que las instituciones civiles –incluso a menudo la policía– son incapaces de adelantar debido a su falta de equipamiento y a los objetivos que les han sido encomendados.
De las 13 misiones que efectúan las fuerzas armadas, además del apoyo a la población en casos de desastres naturales (Plan DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional), consideradas humanitarias y de las cuales obtienen los militares su elevada imagen ante la población, sólo cuatro de ellas son de “defensa” y las desarrolla la Armada de México: “Estado de Derecho en La Mar”, “Protección Marítima y Portuaria”, “Operaciones en el Golfo y Pacífico” y “Operaciones de Búsqueda y Rescate”.
Estas acciones realizadas por la Armada son en realidad, por su alcance geográfico inmediato, propias de una “Guardia Costera”. En el caso de la Fuerza Aérea, está dedicada a la guerra al narcotráfico (su principal equipo corresponde a helicópteros de “combate” para apoyar al Ejército) y tampoco tiene proyección como fuerza de defensa; según Raúl Benítez Manaut, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
En el debate político esta ampliación de tareas, que las respectivas instituciones militares muchas veces no desean, es a menudo criticada tildándola de “militarización”.
FUERZAS ARMADAS VS CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Con sólo el 8% de la población mundial, América Latina representa el 34% de todos los homicidios del mundo, aproximadamente el 90% de los cuales nunca se resuelve.
Además, existe una criminalidad organizada en redes internacionales, que, debido al tráfico de drogas, armas y personas y al lavado de dinero asociado, hace una contribución significativa al producto interno bruto, al menos en algunos países, y a menudo mantiene estrechas relaciones con instituciones estatales.
La policía, probablemente más susceptible a la corrupción en muchos países, suele ser inferior en términos de equipamiento y entrenamiento a las organizaciones del crimen organizado; por lo que en algunos países recibe el apoyo parcial de los militares; mientras que en otros son las propias Fuerzas Armadas las que intervienen directamente contra ellas desde hace ya mucho tiempo (Colombia, Ecuador, México, Perú).
De este modo, en América Latina las Fuerzas Armadas se están convirtiendo cada vez más en el poder de veto dentro de las democracias frágiles y en el poder de facto dentro de los regímenes autoritarios.
En situaciones de crisis, con altas tasas de criminalidad, levantamientos sociales y lucha contra la pandemia, grandes sectores de la población no solo parecen aceptar esta forma autoritaria de gobierno, sino que incluso la exigen, especialmente porque no se confía en que las instituciones puramente civiles, incluida la policía, manejen exitosamente las crisis, y porque a menudo a estas instituciones se les atribuye un marcado partidismo.
Las condiciones políticas de México han generado nuevas formas de poder militar, dado que las faltas de la democracia permiten que las fuerzas armadas adquieran o recuperen protagonismo.
Con las reformas a las instituciones civiles y militares que integran el sistema de defensa, seguridad nacional y pública de México, se transforman en favor de los militares muchas actividades que habían sido conducidas por civiles entre 1980 y 2020, profundizando la nueva militarización.
La justificación para emplear a las Fuerzas Armadas es que ellas, teóricamente según el presidente Andrés Manuel López Obrador, no son proclives a la corrupción y son más eficientes.
Los primeros seis meses de su gobierno (diciembre de 2018-marzo 2019) fueron de mucha tensión entre civiles y militares porque se venía la reforma militar para crear la Guardia Nacional.
Los miembros del Ejército temían que el presidente estuviera dividiendo al Ejército en dos: una parte para el instituto armado y otra para cuidar la seguridad interna del país. Lo que de hecho fue así. Esta decisión de López Obrador fue parecida a la del general Lázaro Cárdenas en 1939, cuando separó a la Marina del Ejército, segmentando a la fuerza militar al crear dos secretarías de Estado.
Ahora de facto se está creando una fuerza separada por lo que hay tres instituciones castrenses: Ejército, Marina y Guardia Nacional. A partir de diciembre de 2018, las misiones no militares predominan y el proyecto real de AMLO es la Guardia Nacional, por considerar que México no enfrenta enemigos externos en el horizonte.
En los últimos veinte años, las principales debilidades de la acción militar mexicana son dos: derechos humanos y corrupción. En el caso de los derechos humanos, no ha sido posible hacer compatibles las normas de respeto a los derechos humanos –incorporadas en la Constitución de México en su artículo primero desde 2011–, con las tácticas militares empleadas en los combates contra los grupos criminales, donde además han sido víctimas inocentes gran cantidad de población civil.
Se trata de practicas generalizadas que incluyen el uso rutinario de torturas y malos tratos por parte de la policía, las Fuerzas Armadas y los fiscales, a fin de obtener confesiones y testimonios bajo coerción que ellos mismos y muchos jueces mexicanos aceptan como evidencia.
La impunidad traspasa a todas las instituciones de la seguridad en México, militares y civiles, y es un comportamiento histórico que hace muy difícil una verdadera reforma democrática del sector defensa.
Respecto de la corrupción, de forma similar a la impunidad, las Fuerzas Armadas no se libran de este fenómeno, que se corresponde con un patrón histórico de las instituciones del Estado mexicano, basado en la falta de transparencia y politización de las estructuras de control del gasto público del conjunto del Estado, en sus niveles federal, estatal y municipal.
El índice de riesgos de corrupción se incrementa por la modalidad de contrataciones de obra pública y servicios, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detecta empresas “fantasma”, para la simulación de contratos y servicios. En este caso las Fuerzas Armadas han actuado de forma similar a las instituciones gubernamentales civiles.
Investigaciones señalan que en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de Texcoco –obra abandonada–, se otorgó el contrato al Ejército para construir la barda perimetral y que hubo irregularidades en la edificación de la misma (según información de 2018). También se ha conocido información de corrupción en el Ejército por 156 millones de dólares entre 2013 y 2019:
INCREMENTO DE HOMICIDOS Y VIOLENCIA
Con la intervención de las fuerzas armadas, como parte de la estrategia de seguridad de AMLO, en el combate al crimen organizado en México se han incrementado los homicidios y las violaciones a los derechos humanos de civiles.
El “cambio de estrategia” de seguridad de AMLO, basado en el desmantelamiento de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional desde 2019, no se refleja en la disminución de la violencia criminal.
El combate directo a los grupos criminales y los conflictos entre estas agrupaciones elevaron la tasa de homicidios en el país.
La cantidad de homicidios en los primeros meses de 2020 se incrementó a pesar del encierro de la población desde el mes de abril. En julio se registraron 2 mil 980, con promedios mensuales muy similares a los de 2019. Así, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 6 de julio de 2020 el gobierno del presidente AMLO acumula 54 mil 727 homicidios dolosos, con un promedio mensual de 3 mil 219.
La guerra al narcotráfico es una guerra prolongada, sin posibilidades de éxito para el Estado mexicano por diversos factores, entre ellos el concepto de fronteras porosas que existe entre Colombia, América Central, el Caribe, México y Estados Unidos, que facilita el tránsito de drogas, personas, armas y dinero, entre otros factores.
La violencia y victimización que produce esta guerra en México se debe al libre tránsito de armas de Estados Unidos hacia México, producto de su venta libre en EU. Esta legislación liberal acerca de la posesión y venta de armas en Estados Unidos explica el incremento de los homicidios en México con armas de fuego.
La evolución de las organizaciones criminales del narcotráfico se da mediante una ampliación de su “cartera de negocios” a actividades diferentes al narcotráfico, como trata y tráfico de migrantes, secuestro, extorsión y robo de combustible, afectando notablemente a la población civil, mexicana y extranjera.
En muchas ocasiones se organizan como corporativos empresariales y se vinculan a empresas “legales” para consolidar su poder financiero y político.
Por ello, la ampliación de misiones no militares de las fuerzas armadas se incrementó de manera notable en 2019 y 2020, al realizarse acciones contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como seguridad a instalaciones estratégicas.
Desde inicios de 2019, el presidente López Obrador agregó a las misiones militares la protección de red de ductos y combate al robo de gasolina, dedicando a casi 20 mil efectivos los cuatro primeros meses de 2019 (en 2020 se redujeron a 5 mil 800); la contención de migrantes, derivando 8 mil 146 elementos (conocido como Plan migrante Frontera Norte y Sur); y la construcción de infraestructura estratégica (el aeropuerto Felipe Ángeles por la Sedena).
En esta obra se ocupan 1 mil efectivos militares y la Sedena contrata directamente a cerca de 20 mil trabajadores civiles. En 2020 se agregaron 36 mil 655 efectivos a respaldar el esfuerzo de control de la pandemia Covid-19 y por parte de la Semar al control de puertos y aduanas.
Es decir, se emplean al máximo la capacidad operativa militar con misiones que no son propias de la defensa.
De facto, poco a poco se traslada el poder a las autoridades militares en materia de seguridad pública; este proceso es el que se denomina “militarización”.
En consecuencia, en América Latina las fuerzas armadas se están convirtiendo cada vez más en el poder de veto dentro de las democracias frágiles y en el poder de facto dentro de los regímenes autoritarios.
EN México se trata de una “militarización con respaldo popular” tanto al presidente AMLO como a las fuerzas armadas. Sin embargo, este respaldo de la población no es suficiente, pues ambos necesitan de la sociedad civil organizada en organizaciones no gubernamentales, las universidades, los académicos y la prensa para lograr una legitimidad y darle viabilidad democrática a la dupla militares-gobierno, como sucede en cualquier democracia moderna.
Por eso, México sigue viviendo el dilema de su historia: militarizar o civilizar. De no civilizarse la vida del país, la relación de respaldo mutuo entre AMLO y las Fuerzas Armadas podría ser un esfuerzo de corto plazo, no democrático, que deteriore los equilibrios y balances de poder político en el país.