Las autoridades hacendarias del país no necesitan de una orden judicial para poder acceder a información bancaria, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al votar el proyecto presentado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la sala determinaron negar un amparo solicitado por el empresario y exdirector general de Grupo Denim, Manuel Cardona Picones, a quien se le imputa el delito de defraudación fiscal por 26 millones de pesos por la falsificación de operaciones financieras
Los integrantes de la sala determinaron que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada.
El proyecto presentado por la ministra justifica la decisión al considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la vida privada (previsto en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) no es absoluto, y puede ser restringido por el Estado siempre que la medida no sea abusiva o arbitraria.
Los ministros aprobaron el proyecto que menciona que el derecho a la privacidad no es absoluto y debe ponderarse frente a otros fines de alta importancia constitucional como cuando una autoridad hacendaria requiere información con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la obligación ciudadana de contribuir al gasto público.
La solicitud de la información puede realizarse cuando se lleven a cabo conductas como la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada.
También, consideraron que la solicitud de datos financieros no constituye una técnica de investigación relacionada con un proceso penal, sino una actuación administrativa para fines de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que no resulta arbitraria pues debe estar debidamente fundada y motivada.