Solo una de sus cuatro piezas tiene piso; los techos son de chapa; no hay agua corriente ni cloacas. Comparte una cama de una plaza y media con su hija; en la otra duermen sus dos nietos. A los 53 años, Mabel Barrera tiene seis hijos, 11 nietos y un bisnieto. Su marido la abandonó cuando la más grande tenía 13 años (hace otros 13). Se las ingenió sola para criarlos, pero nunca pudieron cruzar la línea de la pobreza. Viven en Cruz del Eje, una de las zonas más pobres en el norte de Córdoba. Trabajó en olivares y chacras, pero hace tiempo que no consigue nada. Vive de una pensión y cocina en un comedor comunitario, donde -de paso- come con una hija y los nietos.
La de los Barrera es un caso de pobreza “hereditaria” o -como se la denomina técnicamente- crónica. Son quienes tienen bajas posibilidades de dejar de ser pobres, aun en buenos tiempos económicos. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) empezó a tener representatividad a nivel país en la medición de la pobreza en 1992 (antes era solo para Buenos Aires) y, desde entonces, siempre al menos un cuarto de la población fue pobre. “Hay una parte que entra y sale, y otra que siempre lo es”, señala Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social del Cippec.
“El crecimiento es condición necesaria pero no suficiente -dice-. Se requieren políticas específicas que impacten en los segmentos más vulnerables”, explica, y grafica que, si en los próximos cuatro años se creciera al 3% anual, la pobreza estaría en 26%. El director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, agrega que resolver la pobreza es la “gran deuda” de la democracia. “Crecer es clave, pero hay que sumar educación, salud, hábitat, accesos a los avances tecnológicos y todo lo que hace al desarrollo humano. Las transferencias de ingresos se vienen usando como paliativo, pero hay que acceder a un trabajo y a un salario digno”, dice.
Los nietos de Mabel están en el 52,6% de la población menor de 15 años que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, según los últimos datos del Indec (frente al 35,4% de la población total). Díaz Langou apunta que en la condición crónica, la infantilización y la feminización son características que se repiten. La familia nuclear va achicando su participación, especialmente en los sectores de menores ingresos. En el 20% de los más pobres, la familia es monomarental. “Para ellos es más difícil todavía salir de la pobreza”, agrega.
Salvia señala que las mujeres pobres están “marginadas en el propio hogar, sus proyectos de vida se reducen a la actividad doméstica, hay carencias para proyectarse”. Los problemas en la vivienda no solo incluyen hacinamiento, sino que se extienden al hábitat comunitario. “La escuela tampoco logra cubrir esas carencias más estructurales; es un espacio empobrecido; la salud registra el mismo problema; hay una extrema marginalidad sin vía de salida”, describe.
Los hijos de Mabel tienen trabajos informales, hacen changas, y viven en casas precarias. Ella cobra una pensión que no llega a los $10.000 mensuales, pero recibe menos porque se endeuda “para vivir”. Su hija también ayuda en el comedor -donde van sus chicos de 7 y 10 años- y cobra la AUH. “No se consigue trabajo”, resume. Cruz del Eje está 145 kilómetros al noroeste de la capital cordobesa y registra una larga historia de fracasos. Pasó de ser la capital nacional del olivo a que ese producto -igual que el algodón- esté casi en vías de extinción. El cierre del ferrocarril, en 1978, fue un golpe más.
Hay consenso en que se debe “actualizar el perfil de riesgo” para los planes. Díaz Langou señala que el Estado responde menos a familias con niños que a los adultos mayores. “La AUH es un monto menor al de jubilaciones y pensiones y el 10% de la población queda fuera. Entre los más pobres se distribuyen montos menores y, proporcionalmente, se da más a los más ricos”, agrega.
La idea es universalizar la cobertura, que llegue a todos los menores y adolescentes independientemente de la categoría ocupacional de sus padres. Aumentar los montos permitiría reducir la pobreza infantil en un 50%. La modificación requeriría una inversión de un 1,2% del PBI y permitiría crear 282.100 nuevos puestos de trabajo (casi la mitad ocupados por mujeres), con un recupero mediante impuestos del 56%, y generaría un crecimiento adicional del PBI de 0,2 puntos.
Las migraciones internas también son, en buena medida, búsquedas para escapar de la pobreza. Para Salvia se requieren de políticas de desarrollo local y regional; líneas de inversión en proyectos de mano de obra intensiva. “La gente se va para tener un lugar donde hacer un proyecto de vida y contar con servicios públicos garantizados y con mecanismos de socialización de alta calidad que eviten la autoexclusión o la exclusión por marginalidad. Un programa completo no es solo lo monetario”, sintetiza, e insiste en que para que funcione ese programa no se trata de que el Estado deba proveer “todo” sino que las personas tengan trabajo.
“Hay un problema de diagnóstico; no nos ponemos de acuerdo en quién tiene que hacer qué -explica Díaz Langou-. No solo se da hacia el interior del Estado, donde no están claras las responsabilidades de los distintos niveles, sino sobre cuál es el rol de los sindicatos, de los movimientos sociales y de las corporaciones. No existe esta idea de corresponsabilidad. La pobreza nos afecta a todos y todos deberíamos actuar para resolverla. Es urgente tener estas discusiones y llegar a acuerdos”.