El combate a la corrupción -una de las prioridades del gobierno federal y de la 4T-, muestra una caída en 16 estados del país, según datos del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project (WJP).
Las entidades que muestran un retroceso en esta área -algunas gobernadas por Morena- son Yucatán, Tamaulipas, Nayarit, Campeche, Colima, Chihuahua, Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México y Morelos.
El WJP resalta que la intención del índice es identificar fortalezas y debilidades de cada estado, así como fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.
Puntualiza que, por lo tanto, no representa una evaluación hacia una persona, institución o política pública específica, a nivel federal o estatal ni tampoco a gobiernos encabezados por Morena u otros partidos políticos.
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En su informe comenta: “Al igual que en años anteriores, esta edición del índice muestra una falta de avances en el Factor 2: Ausencia de Corrupción, el cual cayó en 16 estados y se mantuvo sin cambios en 11”, puntualiza el reporte de la organización independiente, internacional y multidisciplinaria que promueve el Estado de Derecho en México y el mundo.
Los estados que se mantuvieron sin cambio respecto a la edición anterior de este análisis son Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Sonora, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Jalisco y Ciudad de México.
Con ligeros avances están Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Durango y Veracruz.
El índice del WJP contempla ocho factores para determinar la adhesión al Estado de Derecho de cada estado: 1) límites al poder gubernamental; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio; 7) justicia civil; 8) justicia penal.
Los puntajes van de 0 a 1, donde 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho; sin embargo, las 32 entidades se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea.
El WJP refiere que el Estado de Derecho en México muestra un estancamiento, incluso deterioro en diferentes estados al tomarse en cuenta los ocho factores en conjunto.
Las entidades peor calificadas en cuanto a la adhesión al Estado de Derecho son Guerrero (0.34%); Morelos (0.35%); Quintana Roo (0.36%), pero le siguen Ciudad de México (0.36%) y Estado de México (0.36%).
Mientras que los puntajes más altos corresponden a Querétaro (0.49%), Yucatán (0.47%) y Guanajuato (0.46%), así como a Aguascalientes (0.46%) y Sinaloa (0.46%).
Esta es la primera ocasión que Querétaro se encuentra por arriba de Yucatán, que en las tres ediciones anteriores se había ubicado en primer lugar.
Los puntajes del factor 8 de justicia penal cayeron en 14 estados, permanecieron sin cambios en 10 y subieron en ocho, cifras semejantes a las de la edición anterior, en la cual 16 entidades retrocedieron.
De acuerdo con la medición del WJP, a pesar de que el país “todavía enfrenta una grave crisis de seguridad, ha habido ligeros avances”, pues los puntajes del factor 5 orden y seguridad subieron en 19 estados y la sensación de seguridad de las personas (sub factor 5.3) subió en 24 entidades federativas.
Esta es la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México, cuyo objetivo es registrar avances y retos persistentes sobre el Estado de Derecho en los estados del país, además de que es una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional a nivel nacional.
El WJP destaca que los resultados de esta medición muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales. El puntaje del Factor 1: límites al poder gubernamental bajó en 17 estados y permaneció sin cambio en nueve.
“Estas tendencias se explican por dos tendencias: la primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal”.
La segunda es la contracción del espacio cívico, el cual se manifiesta mediante caídas en 15 estados en los puntajes que miden la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapeso efectivo al poder público. En este rubro, cinco estados se mantuvieron sin cambios y 12 subieron su puntaje
La organización indica que el Factor 7: justicia civil bajó en 18 estados, aunque los mecanismos de solución de controversias siguen siendo una alternativa atractiva para mejorar el acceso a la justicia.
El WJP puntualiza que con base en su metodología genera datos únicos sobre el Estado de Derecho en México, y que publicó su primer índice en octubre de 2018, recolectando y analizando datos por lo menos 12 meses antes de su difusión -sexenio de Enrique Peña Nieto- mientras que su conceptualización comenzó más de dos años después.