Acusan a policías de agredir a niña durante presunto robo a domicilio en Tijuana

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TIJUANA.- Ante la mirada de Pedro, su hermano de 13 años de edad, y de su padre jubilado, Adán Álvarez, Andrea de 9 años fue maltratada por uno de los policías de Tijuana que entró ilegalmente a su vivienda.

“La quisieron ahorcar, le quitaron su celular y le quitaron la cartera, por eso la querían ahorcar”, dice Pedro.

Era de noche, llovía y la familia descansaba cuando el grupo de uniformados llegó barreta en mano para abrir la puerta que lleva de la banqueta al patio de la casa, donde incluso dejaron la herramienta..

Pedro cuenta que en ese momento vio a los uniformados a través de la puerta de vidrio que da acceso a la cocina y temiendo que la quebraran para entrar, les abrió.

“Pensó que eran los que cuidan al pueblo. Pero no, son los que roban al pueblo”, dice Adán, un adulto mayor con problemas de movilidad que renta espacios para vivir en el mismo predio en el que tiene su casa, la colonia Sánchez Taboada, una de las más peligrosas de Tijuana por su alta incidencia en narcomenudeo y homicidios.

El padre de familia y sus hijos contaron alrededor de 10 policías, al menos 8 de ellos con el rostro cubierto y una mujer en el grupo, viajando en al menos cuatro patrullas.

Pedro, a sabiendas de la maltrecha condición de salud de su padre, y sobreponiéndose al miedo, quiso seguir al policía que entró a las habitaciones y terminó dejando todo revuelto.

“LES PEDÍ UNA ORDEN PARA ENTRAR”
Los policías buscaban un arma de fuego que Adán había comprado dos días atrás a un supuesto policía que fue su inquilino, pero terminaron llevándose dos, 2 mil 500 dólares y 5 mil pesos en efectivo.

“Les pedí la orden para entrar. Dijo la señora, no tenga problema, nomás venimos por el arma. Yo creo que es lo que me habían sembrado y se llevaron todo”, agregó Adán.

El temor a represalias hizo que guardaran silencio sobre lo sucedido aquel 14 de febrero por la noche, pero el paso constante de las patrullas frente a su casa, los llevó a denunciar.

Cuando Adán finalmente acudió a la Fiscalía General de Baja California tuvo que justificar la compra del arma, (una de las conocidas “matapolicías” porque sus balas pueden atravesar chalecos antibalas) a Roberto, el único nombre que tiene para identificar al supuesto agente municipal que nunca firmó los documentos de renta, y quien dijo que necesitaba dinero.

“Me regañaron porque le había agarrado el arma. Yo le dije la verdad: el señor me ofreció, y por ayudarlo se la agarré. Pero seguido venía a venderme la de cargo, una beretta 9 mm”, asegura Adán.

Además, la familia afirma que Roberto daba instrucciones a los oficiales por medio de la radiofrecuencia cuando estos estaban dentro de la vivienda.

La otra arma que se llevaron los policías, una calibre 9 mm con ocho tiros útiles, dice que la tenía para cuidar su casa ya que por salud no puede desplazarse con facilidad, y ante la inseguridad en su colonia, la vida de sus hijos está de por medio.

“Aquí está muy duro, aquí matan todos los días. En la esquina, acá arriba, afuera. Aquí ya acabaron con casi todos los malandritos, ya se los echaron a todos”, respondió.

NO ES EL PRIMER CASO
Apenas en febrero pasado una familia indíegena hizo una denuncia similar, pero en ese caso los policías que se llevaron 80 mil pesos fueron videograbados por cámaras de seguridad en la vivienda

Aún así, la alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero Ramírez, intentó deslindar de responsabilidades a la corporación municipal.

“No han sido policías municipales, no se ha demostrado”, respondió pese a la existencia de los videos en la denuncia de febrero, y a que Adán y su familia identifican plenamente como agentes municipales a quienes entraron a su casa.

 

Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California (CCSPBC), dijo que los abusos “se han dado siempre”.

Consideró que se trata de casos aislados, aunque posteriormente al cuestionarlo por normalizar estos sucesos, los condenó.

Respondió que el organismo ciudadano no ha tratado con la Secretaría de Seguridad estos robos en los que aparecen policías municipales involucrados y pidió a las víctimas presentar denuncias formales.

La denuncia de Adán en la fiscalía es por abuso de autoridad en contra de quien resulte responsable, y como protección adicional, la familia contó del atraco a elementos de la Guardia Nacional (GN) que patrullan la colonia.

“A la niña me la asustaron, todos están traumados. Necesitan doctor. ¿Y con qué los llevo si no me dejaron nada?”, pregunta el padre de familia.

 

(djh)

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