La estrategia anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra a prueba, en tanto no hay resultados tangibles para la población, como la recuperación de activos importantes y el desmantelamiento de redes de corrupción, no sólo la captura de peces gordos, consideró Eduardo Bohórquez, director del Capitulo Mexicano de Transparencia Internacional.
Durante la Mesa de Opinión de El Heraldo de México-La Silla Rota, bajo la conducción de Alfredo González y Jorge Ramos, con el tema “El combate a la corrupción en la 4T ¿Avance o retroceso?”, Dalida Acosta Pimentel, titular de la Unidad de Vinculación de la Secretaría de la Función Pública con el Sistema Nacional Anticorrupción, aceptó que la corrupción no se acabará de la noche a la mañana pues es un mal estructural enganchado en el país durante décadas, pero desde el inicio se han dado resultados contundentes en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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México, el peor evaluado de la OCDE en Índice de Corrupción
México se ubica en la posición 130 de 180 países evaluados en materia de percepción de la corrupción por Transparencia Internacional, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, para ubicarse a la par de Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.
Entre 2018 y 2019, México mejoró un punto y con ello detiene una caída sistemática que empezó en 2015.
Al respecto, Bohórquez consideró que pasar de 28 a 29 puntos es algo nada despreciable, dada la caída continua durante cinco años.
“Pero para regresar necesitaríamos 6 puntos más. Si queremos alcanzar a los países que queremos, los grandes, pues somos la décimo quinta economía. Si nos comparamos con la OCDE, somos el 36 de 36, incluso cuando entró Colombia. Y si nos comparamos con el grupo de los 20, ya incluida la Unión Europea y 19 países, sí logramos mejorar un lugar y separarnos de Rusia que quedó en la posición 20 y nosotros pasamos a las 19. Pero es significativo concentrarnos en los de nuestro tamaño”, agregó.
Acosta consideró los resultados del índice muy positivos y consideró que es el fruto de una estrategia contra la corrupción que inició desde el primer día de la administración.
“Este índice todavía contempla del periodo 2018, de la transición de la administración pasada hasta la del licenciado Andrés Manuel López Obrador, entonces desde nuestro punto de vista, remontar ocho posiciones desde seis o siete primeros meses del nuevo gobierno es digno de celebrar, y nos da esperanza”, agregó.
Dijo que el país se encuentra en un punto de inflexión, donde se rompe la tendencia de caídas continuas, desde el asunto de la Casa Blanca, casos como Ayotzinapa, entre otros que volvieron a poner en la palestra la cuestión de acatar por parte de México resoluciones internacionales, pero también de ir contra los conflictos de interés, la corrupción en el ámbito político-electoral, sobre privilegiar la integridad en colaboración con el sector privado.
Además rechazó que exista una política selectiva de combate a la corrupción, pues el mandato del Presidente es que nadie esté por encima de la ley nadie.
“En el caso de Rosario Robles la Estafa Maestra ya había sido documentada por la Auditoría Superior de la Federación, y precisamente lo que está haciendo la Función Pública es realizar las tareas que se quedaron estancadas en la administración anterior”
Resaltó que cuando esta administración inició en la Función Pública se encontró mucha simulación, en realidad era una secretaría aletargada, por lo que se tuvieron que reactivar trabajos, con sanciones contundentes a los más altos cargos de la Estafa Maestra, por ejemplo dos funcionarios de Pemex, y también de Odebrecht.
En cuanto al caso de Manuel Bartlett, acusado de poseer múltiples propiedades, dijo que está muy documentado, y que en la investigación hubo un total apego a la legalidad.
Bohórquez consideró que para ver si las medidas de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción funcionan hay que pasar por varios indicadores.
“Primero, no vas por personas, si vas por personas vas a encontrar chivos expiatorios, el propio Presidente ha sido muy claro con eso, si es Rosario, es un chivo expiatorio, pero si es la red de corrupción de Rosario Robles, entonces empezaremos a hablar en serio de combate a la corrupción”
“Mientras no desmanteles las redes de corrupción no va en serio. Todavía estamos en los individuos, tenemos que pasar de Rosario Robles a la red de corrupción de Rosario Robles. ¿Y qué significa? Desmantelar también las redes de la protección política, porque detrás de cada caso de red de corrupción hay protección política. ¿Por qué no hablamos tanto del caso Borge como del caso Duarte? Pues porque hay una red de protección política alrededor del exgobernador Borge que todavía está bastante fuerte. ¿Por qué no se habla del caso Medina en Nuevo León? Porque su red de protección era mucho más fuerte. Por eso es que hay que empezar a hablar de redes y desmantelarlas”, agregó.
Dijo que otro indicador es cuánto se recuperó de lo robado, no cuántas auditorías hiciste, no cuántas carpetas tienes abiertas, sino cuánto se recuperó de lo robado.
“¿En qué orden de recuperación nos deberíamos de mover? ¿Cuál debería ser la meta del Instituto para Recuperar lo Robado? Por ejemplo, un país africano, Angola, que fue una colonia europea por muchos años, en una sola operación acaba de recuperar 5 mil millones de dólares por corrupción, en una sola operación. Si de verdad queremos ver resultados, y todo gobierno tiene derecho a escoger su propia estrategia si es que da resultados, tendríamos que ver simplemente una meta como la de Angola”, añadió.
Puso como ejemplo casos como España, en la que la justicia llegó hasta la misma corona, o Coreas del Sur, donde la presidenta de Samsung fue obligada a renunciar por tener una relación inapropiada con otra empresa privada.
“¿Se imaginan la red de protección política que tiene Samsung? Debe tener a todos los legisladores, la mitad del gabinete y fueron por la presidenta de Samsung”
Consideró que en este tipo de delitos económicos la Secretaría de la Función Pública, a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Fiscal General y el SAT tendrían que estar alineados, para cerrar con los jueces y recuperar los activos.
“El Congreso ya les dotó de las herramientas que necesitaban, extinción de dominio, reformas importantes a la Fiscalía General de la República. Lo que está a prueba permanentemente es la estrategia anticorrupción”, concluyó.
(José Guaderrama)