‘Pensión dorada’ pone en aprietos financieros al Poder Judicial de Morelos

0
70

Cuernavaca, Morelos 11 Octubre 2017 (WDC).- El Tribunal Superior de Justicia tendrá que pagar una cuantiosa pensión al ex magistrado Ricardo Rosas Pérez, la cual asciende a los 11 millones de pesos de acuerdo a lo informado por la titular de este poder, María del Carmen Cuevas López.

En el decreto emitido por el Poder Ejecutivo y publicado en el periódico oficial del estado se determina que el Poder Judicial tiene la obligación de cubrir al 100 por ciento la pensión de quien fuera presidente de este poder conforme al último salario percibido el cual está calculado en cien mil pesos mensuales, mismo deberá ser retroactivo a partir del primero de julio del 2010.

Sin embargo, Cuevas López dijo que este decreto será combatido a través de una controversia promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que en este momento el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no cuenta con recursos para dar cumplimiento a este decreto.

“La Corte se ha pronunciado en el sentido de que el Poder Legislativo puede emitir los decretos que considere convenientes siempre y cuando asigne una partida presuestal a este poder.

Mientras no tengamos esas condiciones tendríamos que esperar al fallo de la controversia”, manifestó.

La magistrada presidenta comentó que la pensión de Rosas Pérez equivale al pago de las 100 jubilaciones que se han cubierto durante el 2016 y 2017.

También destacó que para poder cubrir la pensión del ex magistrado y el resto de las jubilaciones el TSJ tendrá que pedir al Congreso del Estado una ampliación presupuestal de 990 millones de pesos.

En otro orden de ideas, Cuevas López dio a conocer que a partir del día domingo se emitió por segunda ocasión la convocatoria para 18 plazas de jueces de Primera Instancia y Juzgados menores

Esto después de que pasado mes de abril el Consejo de la Judicatura declarara desierto el primer proceso de selección debido a que los aspirantes reprobaron la primera etapa de evaluación.

En esta ocasión, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que será el encargado de la evaluación, proporcionará una guía de estudio para los aspirantes para que no haya reprobados.

La magistrada dijo que la calificación mínima que deberán acreditar los aspirantes es de 8.0 lo que se contrapone a la convocatoria publicada en la página del Tribunal Superior de Justicia en la que se señala que el promedio aprobatorio es de 7.0.