¿Pax narca? cárteles se “reparten” el país y violencia sin freno

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El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que “donde domina un cártel hay menos homicidios”, pero el país ha estado “repartido”, incluso desde hace décadas, por grupos de la delincuencia organizada, lo que ha llevado a este sexenio a un repunte en víctimas de homicidios dolosos en comparación a gobiernos anteriores.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESN) indican que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2022, 115 mil 166 personas fueron asesinadas de forma violenta con armas de fuego, punzo cortante, ahorcadas, cercenadas, a golpes, decapitadas, quemadas entre otros métodos. A estos datos se suman tres 336 víctimas de feminicidio.

Los registros del SESNSP que reporta mensualmente a partir de información que entregan las fiscalías y procuradurías del país, indica que las muertes vinculadas al crimen organizado, se presentan en el 78.22 de los estados que integran al país. Durante los 43 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos mil 682 personas han muerto cada mes.

El desglose de los asesinatos que se han registrado durante este sexenio, indican que 25 estados han rebasado los mil homicidios desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las únicas entidades donde los crímenes se han contenido son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, estados donde las víctimas de homicidio doloso no rebasan las mil muertes en cada uno de ellos.

Hay estados donde las víctimas de homicidio doloso ya rebasaron la cifra de 12 mil muertes y otros donde en los próximos meses, inevitablemente, superaran la barrera de los 10 mil asesinatos en este sexenio.

Guanajuato, donde se han realizado múltiples operativos contra el crimen organizado, así como captura de criminales, entre ellos, José Antonio Yépez, conocido como el Marro, es la entidad más violenta del país durante este sexenio al registrar 12 MIL 841 muertes.

Los estados que están a punto de rebasar las 10 mil víctimas de asesinato son: Baja California, nueve mil 896; Estado de México, nueve mil 207; Jalisco, ocho mil 546; Michoacán, ocho mil 380; y Chihuahua, ocho mil 375.

Un segundo bloque donde se han registrado entre tres mil y cinco mil víctimas de homicidios desde que inició el sexenio, son: Sonora, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Zacatecas, Morelos, Puebla, Oaxaca y Nuevo León.

Las muertes se han presentado en entidades donde un solo cártel mantiene hegemonía o donde existen más de 51 agrupaciones, como es la Ciudad de México. Un estudio presentado por el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), menciona que, en 2020, se detectaron 150 cárteles y agrupaciones criminales en territorio nacional.

De acuerdo con los datos, en la Ciudad de México se documentó la presencia de 51 grupos criminales, entre ellos los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Sinaloa y La Familia Michoacana.

Los datos muestran que la capital del país concentra la mayor presencia de agrupaciones criminales, seguida de Guerrero, 15; Veracruz, 13; Morelos, 13; Chihuahua, 12, así como Estado de México y Sinaloa, cada entidad con 11, respectivamente.

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Este reporte dado a conocer en mayo pasado, se suma al que emitió el Congreso de los Estados Unidos, donde se informa sobre la presencia de 12 cárteles y grupos criminales: Los Arellano Félix, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Golfo, Zetas, Cártel del Noreste, Beltrán Leyva, La Familia, Templarios, Viagras y Los Rojos.

Otro de los delitos que más afecta a la población, es el de extorsión, el cual durante 2021 llegó a la histórica cifra de 18 mil 810. Hasta el momento, durante este sexenio 61 mil 813 personas han presentado una denuncia ante el Ministerio Público por ser víctimas de ese delito.

Estado de México, 10 606; Veracruz, dos mil 625; Jalisco, dos mil 461; Ciudad de México, mil 952; Nuevo León, mil 902; Zacatecas, con mil 464 víctimas, son las entidades donde más denuncias se han presentado entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2022.

El informe “México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico”, del Congreso de Estados Unidos del pasado 7 de junio, menciona que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acabar con la impunidad y corrupción en el país ha tenido pocos avances, a pesar de que rebasa la mitad de su administración.

“Hizo campaña para abordar los altos niveles de impunidad criminal y la corrupción oficial, problemas de larga data en México. Sin embargo, a más de la mitad del sexenio de López Obrador, podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”, menciona el documento.

El informe asegura que, en materia de seguridad, el gobierno de López Obrador se ha basado en argumentar las causas y orígenes del crimen organizado en el país, pero no en acciones directas para erradicar el problema.

“El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, elegido en 2018, ha defendido políticas que se centran en las causas profundas del crimen, pero su gobierno no ha llevado a cabo operaciones antinarcóticos de manera constante. A pesar de las promesas de reforma, el presidente parece basarse en una política de utilizar el ejército y una guardia nacional dirigida por militares para abordar las preocupaciones relacionadas con los narcóticos y los cárteles”.

En el informe de 43 páginas, algunos miembros del Congreso, aseguran estar “preocupados por la corrupción y las fallas del sistema de justicia de México que conducen a la impunidad y a juicios fallidos, lo que podría decirse que permite que el poder criminal quede sin control”.

La violencia incontenible durante este sexenio se registra a pesar de las promesas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador –en campaña, al ser electo y al asumir la presidencia– de disminuir la violencia y regresar la paz a los mexicanos.

El mandatario ha basado su estrategia contra la inseguridad y el crimen organizado en programas sociales –a través de la entrega de becas a jóvenes–, el inicio de operaciones de la Guardia Nacional, en el ataque financiero a los activos del crimen organizado, así como en frases como: “abrazos, no balazos”, “fuchi, guácala”, “fuchi, caca” y “los voy a acusar con sus mamás y abuelos”.

“No más asesinatos, ya no va a haber masacres porque hasta los heridos son rematados, eso ya no, eso es inhumano no puede ser que se les abandone a los jóvenes y cuando toman el camino equivocado de la delincuencia se les masacra […] Aunque estén queriendo cuestionarme vamos a buscar otra estrategia, vamos a atender las causas y vamos a conseguir la paz y vamos a hablar con todos”, dijo el 12 de abril de 2018.

El 22 de abril de 2019, luego de matanza (el 19 de abril) de 13 personas en Minatitlán, Veracruz, el presidente afirmó que “en seis meses ya van a estar operando todos los programas […] lo tercero es que ya la autoridad no es el problema, antes el problema era la autoridad, había que andar con la mano en la bolsa, cuidando la cartera cuando se visitaba una oficina pública, porque la corrupción estaba en el gobierno”.

“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea”, expresó el 1 de septiembre de 2020.

“Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos. Y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, que esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%”, aseguró el 5 de julio de 2021.

El pasado mes de mayo, el mandatario descartó cambiar la estrategia de seguridad, al considerar que hay avances y porque los picos de violencia se han originado porque se desintegraron las familias, se abandonaron a los jóvenes y por vínculos de las autoridades con el crimen organizado.

“Obedecen (los picos de violencia) lo explico, lo tengo clarísimo, primero a que se desintegraron las familias, se abandonaron los jóvenes, se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura, se asoció la delincuencia con la autoridad, no había frontera”.