Ricardo Monreal, quien propuso esta iniciativa, reconoce que a pesar de los esfuerzos, persiste desigualdad en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres, debido al temor, la discriminación, la falta de recursos y la desconfianza en el aparato jurisdiccional
El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso reformas a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para sancionar administrativa y penalmente a jueces y magistrados que no observen la perspectiva de género al resolver casos que se les presenten sobre violencia contra la mujer.
Conforme la propuesta, se les fincará responsabilidad si estos juzgadores no actúan con diligencia para proteger a las víctimas y no garanticen su vida e integridad física.
“En caso de omitir dicho mandato legal, el funcionario judicial incurrirá en la responsabilidad penal y administrativa que marca la legislación conducente”, según propone Monreal Ávila.
En su iniciativa de reformas, el legislador de Morena propone que cuando se trate de casos que involucren cualquier modalidad de violencia contra la mujer, jueces y magistrados deberán actuar “con total diligencia para disponer de protección a las víctimas, garantizando su vida e integridad física.
“En caso de omitir dicho mandato legal, el funcionario judicial incurrirá en la responsabilidad penal y administrativa que demarca la legislación conducente”.
Para que esas disposiciones operen se plantea que el Consejo de la Judicatura Federal deberá fomentar el estudio, conocimiento y observancia del derecho a la mujer a una vida libre de violencia y deberá expedir un Protocolo de perspectiva de género que se aplique a todo el Poder Judicial de la Federación.
En la propuesta, el senador reconoce que a pesar de los esfuerzos, persiste desigualdad en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres, debido al temor, la discriminación, la falta de recursos y la desconfianza en el aparato jurisdiccional.
Así, con el fin de disminuir el índice de feminicidios en el país –que muchas veces inician con agresiones previas que los aparatos de justicia ignoran, se busca atender de inicio las denuncias de las mujeres.
De hecho la propuesta recuerda que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 46 por ciento de las mujeres no denuncian agresiones físicas o sexuales porque las consideran irrelevantes, 8% por miedo a las consecuencias, 8 % por vergüenza y 4 % por la desconfianza en el gobierno.
En tanto el Inegi ha documentado que al menos el 88.4 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión, no presentó la denuncia ni solicitó apoyo. Estas agresiones, que pueden iniciar con un grito, en muchas ocasiones terminan en feminicidios, se establece.
La iniciativa también expone que en México se ha presentado un incremento exponencial de la violencia contra las mujeres en los últimos años; en 2018 ONU-Mujeres denunció que en el país al menos seis de cada 10 mujeres han enfrentado violencia.
El 41.3% ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día.
Por eso, se insiste en la propuesta, “es inaplazable redoblar esfuerzos para procurar el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos de las mujeres en materia penal y robustecer el funcionamiento del aparato de justicia en favor de ellas, que en los últimos tiempos, ha resultado tan lastimado a causa de diversos actos de violencia”.